El presidente Abelardo de la Espriella anunció que su gobierno reactivará la exploración de petróleo y gas en Colombia y permitirá la firma de nuevos contratos en el sector. La declaración incluye, de forma explícita, la apertura al frócking, técnica que el país había mantenido suspendida en la práctica durante los últimos años. La información fue publicada por El Norte en su portal elnorte.com.co.
Con esta decisión, el Ejecutivo cambia el rumbo que había tomado la política de hidrocarburos en años recientes, cuando los contratos exploratorios se frenaron y el frócking quedó por fuera de la agenda oficial. El anuncio se produce en un contexto de caída en las reservas probadas de gas y de debate abierto sobre la autosuficiencia energética del país.
De la Espriella, en el fragmento recogido por el medio citado, aseguró que la exploración se hará “a lo que dé”, una expresión que deja en manos del mercado el ritmo de adjudicación de nuevos bloques y de licenciamiento ambiental. En la práctica, esto significa que las empresas del sector podrán presentar proyectos tanto de gas convencional como de yacimientos no convencionales.
El sector petrolero y de gas es una de las fuentes principales de ingresos por exportaciones y de recursos fiscales para la Nación, a través de regalías e impuestos. Una mayor actividad exploratoria, de confirmarse las condiciones regulatorias, podría traducirse en nuevos contratos, inversión extranjera y empleo en regiones productoras como los Llanos Orientales, el Valle del Magdalena y varias zonas del Caribe colombiano.
La apertura al frócking, en particular, reaviva una discusión que enfrenta a sectores industriales, comunidades y organizaciones ambientales. Los defensores del método argumentan que permite acceder a reservas de gas y petróleo atrapadas en formaciones de roca de baja permeabilidad, lo que ayudaría a reducir la dependencia de las importaciones. Los críticos, en cambio, señalan los riesgos sobre el agua, la sismicidad inducida y las emisiones de metano.
En el plano institucional, la decisión implica ajustes en la política de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en los criterios del Ministerio de Minas y Energía para la firma de contratos. También exigirá un nuevo marco para los estudios de impacto ambiental, los procesos de consulta previa con comunidades y el papel de los entes de control en regiones con historial de conflictividad por la actividad extractiva.
En lo inmediato, el anuncio genera expectativa entre las operadoras que habían solicitado rondas exploratorias y esperaban señales del nuevo gobierno. También despierta dudas en territorios donde la exploración fue suspendida por orden judicial o por decisión administrativa, y donde ahora deberán evaluarse nuevas solicitudes bajo un esquema diferente.
Quedan pendientes varios puntos clave: los plazos para la presentación de proyectos, los criterios ambientales que se exigirán a las compañías y el tipo de contratos que se ofrecerán. El sector seguirá de cerca la próxima expedición de los lineamientos oficiales para medir el alcance real del giro anunciado por el presidente De la Espriella.
Según la fuente consultada, este anuncio se enmarca en la apuesta del nuevo gobierno por fortalecer la producción interna de energéticos y reducir la dependencia de importaciones. El debate, sin embargo, apenas comienza: la implementación de la decisión dependerá de los reglamentos que se expidan en las próximas semanas y de la respuesta de comunidades y autoridades regionales.