En la noche del martes, el presidente Abelardo de la Espriella caminó por varias calles de Santa Marta, en el Caribe colombiano, en medio de un dispositivo militar y policial desplegado a lo largo del recorrido. La presencia del jefe de Estado coincidió con una jornada de violencia que ha incrementado la zozobra entre los habitantes del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de la ciudad, capital del departamento del Magdalena.
La visita se da en el marco de un creciente miedo entre los samarios, según reportó la fuente. Santa Marta, uno de los principales destinos turísticos del país, ha visto alterada su cotidianidad por hechos violentos atribuidos a un grupo armado ilegal que opera en la zona, sin que hasta el momento se conozcan detalles oficiales completos sobre los responsables.
Como respuesta a esa situación, De la Espriella anunció la militarización de la ciudad. La medida implica el reforzamiento de la presencia de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en calles, barrios y zonas estratégicas, con el fin, según el Gobierno, de proteger a la población y restablecer el orden público.
Santa Marta es la segunda ciudad más antigua de Colombia, fundada en 1525, y uno de los polos turísticos y portuarios del Caribe. Su economía depende en buena medida del turismo y del comercio, por lo que hechos de violencia prolongados suelen tener repercusiones directas en la actividad hotelera, gastronómica y de transporte de la región. La militarización busca, según el Gobierno, devolver condiciones de seguridad que permitan resguardar esa dinámica.
El Magdalena ha sido históricamente una zona donde confluyen el ELN, disidencias de las antiguas Farc y organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y la minería ilegal. En los últimos años, distintos informes de la Defensoría del Pueblo han advertido sobre la disputa entre estos grupos por el control de territorios en la Sierra Nevada y sus zonas bajas, lo que suele traducirse en amenazas, confinamientos y restricciones a la movilidad para las comunidades.
La jornada de violencia que motivó la decisión presidencial aún se investiga en sus detalles por parte de las autoridades. El Gobierno no ha precisado, hasta el momento, la cantidad de uniformados que serán desplegados, ni la duración estimada del operativo, ni los barrios o corregimientos que quedarán bajo control militar reforzado. Esos anuncios se esperan en las próximas horas por parte del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional.
La reacción ciudadana ha sido mixta. Mientras sectores productivos locales han pedido medidas contundentes para recuperar la tranquilidad, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por eventuales excesos de la fuerza pública en zonas densamente pobladas, donde habitan comunidades vulnerables y población migrante.
Lo que sigue en las próximas horas es una conferencia oficial que detalle el plan de intervención, las unidades desplegadas y los indicadores de seguimiento. Entretanto, los samarios aguardan el restablecimiento de condiciones mínimas de seguridad que les permita retomar la normalidad en una ciudad acostumbrada a convivir entre la vocación turística y los retos históricos de orden público del Magdalena.