El presidente Abelardo De la Espriella anunció una ofensiva para reforzar los controles sobre el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia. El anuncio lo hizo a través de su cuenta en la red social X, según registró El Colombiano, sin que hasta el momento se conozcan los detalles operativos de la estrategia.
De la Espriella fue directo en su mensaje: las empresas del sector no pueden ser fachada del crimen. La frase condensó el eje del anuncio, que pone la lupa sobre compañías que, por distintas vías, terminan prestando cobertura a actividades ilícitas en lugar de cumplir su función legal de protección.
El sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia es amplio y está regulado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. En él operan miles de empresas y decenas de miles de personas, entre personal operativo, escoltas, supervisores y administrativos, que prestan servicios a bancos, conjuntos residenciales, comercios, empresas de transporte y entidades del Estado.
Históricamente, la Superintendencia ha atendido denuncias por prestación irregular del servicio, uso indebido de uniformes, empleo de personal sin requisitos legales y vínculos con estructuras criminales. Estos antecedentes explican la insistencia gubernamental en depurar un sector que, por su naturaleza armada y su acceso a información sensible, representa un riesgo si queda en manos equivocadas.
La ofensiva anunciada por el presidente se inscribe en la línea de las políticas de seguridad que el Gobierno ha presentado como prioritarias. El control sobre los prestadores de seguridad privada es un componente de cualquier estrategia de seguridad ciudadana, porque esos operadores son, en la práctica, una extensión de las fuerzas del Estado en la protección de bienes y personas.
Para los ciudadanos, el anuncio tiene efectos directos. Una depuración del sector debería traducirse en mayor confianza al contratar empresas de vigilancia para conjuntos residenciales, negocios o transporte de valores. También podría reducir los riesgos de suplantación, de intimidación armada con uniformes legales y de protección a actividades ilícitas.
Desde el sector empresarial, la expectativa es que las medidas vengan acompañadas de reglas claras y procesos de verificación ágiles. Las empresas formalmente constituidas suelen pedir controles más estrictos, porque la competencia desleal de operadores ilegales deteriora los estándares de la actividad y expone a los usuarios.
Quedan pendientes varios elementos del anuncio. El Gobierno no ha detallado públicamente, por ahora, los instrumentos específicos que se utilizarán, si se trata de decretos, operativos conjuntos con la fuerza pública o una reforma regulatoria, ni los plazos para su implementación. Esos detalles serán clave para medir el alcance real de la ofensiva.
La ciudadanía y los gremios del sector estarán atentos a los siguientes pasos del Ejecutivo, en particular a los actos administrativos y a los reportes de la Superintendencia sobre hallazgos, sanciones y empresas intervenidas en el marco de esta nueva fase de controles.