El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una operación militar contra un campamento de un grupo que calificó como narcoterrorista en el departamento de Guaviare. El propio mandatario entregó el balance preliminar de la acción, según reportó Deutsche Welle (DW).
De acuerdo con la información difundida por el jefe de Estado, el resultado preliminar de la operación deja ocho integrantes del campamento muertos, tres personas capturadas y dos menores de edad rescatados. El pronunciamiento presidencial fue replicado por el medio internacional DW.com, que tituló la noticia como un anuncio de operaciones contra disidencias de las FARC.
Guaviare es uno de los departamentos históricamente afectados por la presencia de grupos armados ilegales y economías ligadas al narcotráfico. La región, junto con zonas vecinas como Meta, Caquetá y Putumayo, ha sido escenario recurrente de operaciones de la Fuerza Pública contra estructuras que se desprendieron del antiguo proceso de paz firmado en 2016.
El término “disidencias de FARC” agrupa a las estructuras armadas que no se acogieron al Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP o que volvieron a la ilegalidad después de dejar las armas. Entre estas se encuentra el Estado Mayor Central (EMC) y otras facciones que operan principalmente en zonas rurales de difícil acceso y con presencia de cultivos de uso ilícito.
La figura del “campamento narcoterrorista”employed en el discurso oficial colombiano suele asociarse con la combinación de dos factores: el uso de violencia con fines políticos y la financiación a través del narcotráfico. Esta denominación ha sido usada por distintos gobiernos para justificar operaciones de gran escala, como bombardeos y operaciones terrestres conjuntas entre las Fuerzas Militares y la Policía.
El rescate de dos menores de edad dentro del operativo abre un frente humanitario en el hecho. En Colombia, los protocolos militares y de policía prevén la activación de rutas de protección cuando en medio de las operaciones se encuentran niños, niñas o adolescentes, quienes deben ser entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para restablecer sus derechos.
Las reacciones políticas y de la opinión pública sobre este tipo de operativos suelen dividirse. Sectores que respaldan la fuerza pública valoran los resultados en términos de bajas y capturas. Sectores críticos cuestionan los efectos sobre las comunidades civiles en zonas rurales y piden mayor transparencia sobre las circunstancias de las muertes y los procedimientos de verificación.
De la Espriella asumió la Presidencia de Colombia en un contexto de seguridad marcado por la persistencia de grupos armados ilegales, la expansión de economías ilegales y la presión internacional sobre los derechos humanos en la lucha contra el narcotráfico. La operación en Guaviare se presenta como una de las primeras acciones de gran envergadura comunicadas directamente por el nuevo gobierno.
Por ahora no se han conocido pronunciamientos oficiales de las disidencias ni de organismos internacionales de derechos humanos sobre el operativo. Queda pendiente la confirmación oficial del balance por parte del Ministerio de Defensa y de los comandos militares responsables de la zona, así como la divulgación de las identidades de los fallecidos, capturados y menores rescatados.