El presidente Abelardo de la Espriella presentó un protocolo orientado a intervenir en las universidades cuando en ellas ocurran actos de vandalismo, según reportó Infobae. La directriz busca separar dos planos que suelen confundirse en la protesta pública: el ejercicio de la manifestación, que la Constitución ampara, y las conductas violentas, que se salen de ese marco y deberán tener respuesta de las autoridades.
De acuerdo con el anuncio, el protocolo distinguirá entre manifestaciones protegidas y situaciones que involucren violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público. En esas últimas circunstancias, la Policía tendrá un papel operativo, lo que delimita el rol de la fuerza pública frente a hechos concretos y no frente a la protesta en sí misma.
El pronunciamiento incluyó una frase que marcó el tono político de la medida: la afirmación de que las universidades no serán santuarios de violencia. Con esa expresión, el Gobierno planteó que los recintos académicos no pueden operar como espacios exentos del cumplimiento de la ley cuando en su interior se cometan delitos o se altere gravemente la convivencia.
La propuesta llega en un contexto en el que las universidades públicas y privadas han sido escenario de jornadas de protesta, tomas de instalaciones y episodios de vandalismo en distintos momentos de los últimos años. En esos episodios, el debate nacional ha girado en torno a dónde termina el derecho a la protesta y dónde empieza la comisión de delitos, una línea que el protocolo busca trazar de manera explícita.
Para la comunidad universitaria, el anuncio abre interrogantes sobre cómo se aplicarán los criterios operativos. La diferenciación entre una marcha pacífica y un acto de vandalismo suele depender de hechos que se desarrollan en cuestión de minutos, y allí la intervención policial puede derivar en denuncias de uso excesivo de la fuerza o, en sentido contrario, en señalamientos de inacción frente a hechos graves.
Desde el punto de vista institucional, el protocolo implica una coordinación entre el Ministerio de Educación, las directivas universitarias y la fuerza pública. Cada uno tiene competencias distintas: las universidades regulan la convivencia interna conforme a sus estatutos, la Policía actúa cuando se configura un delito, y el Gobierno nacional fija los lineamientos generales sobre el orden público.
El gobierno no entregó en el anuncio detalles sobre el contenido operativo del protocolo ni sobre los indicadores específicos que se usarán para determinar cuándo una situación pasa de ser protesta a ser vandalismo. Tampoco se precisaron los mecanismos de supervisión para evitar que la intervención policial afecte el desarrollo normal de la actividad académica.
El tema queda en el debate público y abre una agenda de seguimiento sobre su redacción final, su entrada en vigencia y la forma como se medirá su impacto. La reacción de rectores, estudiantes y organizaciones de derechos humanos será determinante para calibrar el alcance de la medida en las próximas semanas.