El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este domingo que el 7 de agosto, fecha en la que asume el mando, derogará los principales mecanismos de la política de paz total adelantada por el Gobierno de Gustavo Petro. La decisión fue comunicada por el propio mandatario electo, según reportó CNN en Español.
Además de la derogación, De la Espriella dispuso reactivar todas las órdenes de captura que estén vigentes contra integrantes de grupos armados ilegales. Con esta medida, el nuevo Gobierno cambia el rumbo respecto al enfoque de negociación que caracterizó al Ejecutivo saliente.
La política de paz total fue la estrategia central del Gobierno de Petro para intentar avanzar en diálogos simultáneos con múltiples organizaciones armadas. Esa política incluyó figuras como los sometimientos colectivos, las mesas de diálogos con grupos como el ELN y las disidencias de las FARC, así como instrumentos legales como las leyes de sometimiento y los decretos de suspensión de órdenes de captura.
Con la derogación anunciada, el Gobierno entrante busca desmontar el andamiaje jurídico y operativo que permitió suspender capturas y abrir espacios de negociación con estructuras criminales. La reactivación de las órdenes de captura implica que los integrantes de esos grupos que aún estén prófugos o que interrumpieron sus procesos judiciales deberán enfrentar de nuevo la justicia ordinaria.
La decisión tendrá efectos directos sobre la situación de seguridad en regiones donde operan los grupos con los que se adelantaban acercamientos. En varios territorios, la suspensión de capturas había generado expectativas entre las comunidades y también críticas de quienes consideraban que esos espacios beneficiaban a estructuras responsables de delitos como el reclutamiento, la extorsión y el narcotráfico.
El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por la violencia en distintas zonas del país, donde grupos armados mantienen el control de corredores estratégicos. Sectores de la opinión pública venían pidiendo un replanteamiento del enfoque del Gobierno nacional frente a esas organizaciones.
La medida también abre interrogantes sobre el futuro de las mesas de diálogo que se encontraban activas. Aún no se conoce si el Gobierno entrante abrirá un proceso de negociación distinto o si priorizará el uso exclusivo de la fuerza y la persecución judicial como herramienta frente a los grupos armados ilegales.
Por ahora, los ciudadanos observan los anuncios del presidente electo como una señal del rumbo que tomará la política de seguridad a partir del 7 de agosto, fecha prevista para su posesión. CNN en Español es la fuente de esta información.
Queda pendiente conocer el contenido exacto de los decretos que se expedirán ese día, así como el listado de órdenes de captura que serán reactivadas y los protocolos que seguirá el nuevo Gobierno frente a los grupos que se encontraban en alguna fase de diálogo o sometimiento.