El presidente Abelardo de la Espriella afirmó este domingo que la Policía Nacional será la primera autoridad operativa para atender las situaciones de orden público que se presenten en las universidades del país. El pronunciamiento se dio en medio de una jornada de protestas en distintos campus, según reportó CNN en Español.
De la Espriella sostuvo que la fuerza pública podrá intervenir cuando desde los recintos universitarios se preparen o ejecuten actos vandálicos o terroristas. La declaración sitúa a la Policía por encima de las directivas académicas en el manejo de situaciones que, según el Gobierno, desbordan la protesta pacífica.
La autonomía universitaria es un principio reconocido en la Constitución colombiana de 1991 y en la Ley 30 de 1992, que rige la educación superior. Históricamente, el ingreso de la fuerza pública a los campus ha sido un tema sensible. Episodios como los registros a la Universidad Distrital en 1999 o las intervenciones durante el paro universitario de 2018 dejaron antecedentes de tensión entre el Gobierno nacional y las comunidades académicas.
En las últimas semanas, estudiantes de varias universidades públicas y privadas han salido a las calles para expresar inconformidades. Las causas de las protestas suelen variar según cada institución, pero suelen girar en torno al financiamiento de las universidades públicas, las condiciones de bienestar estudiantil y debates sobre reformas al sistema de educación superior.
Poco después del anuncio presidencial, algunos colectivos estudiantiles rechazaron la decisión. Argumentaron que la medida vulnera la autonomía universitaria y advirtieron que representa un riesgo para el derecho a la protesta. Señalaron que el concepto de acto vandálico o terrorista queda a discreción de las autoridades y podría usarse para criminalizar la movilización legítima.
Organizaciones defensoras de derechos humanos han recordado en distintas ocasiones que cualquier procedimiento policial en zonas civiles debe respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad. También han pedido que las intervenciones en espacios académicos se realicen bajo protocolos claros y con acompañamiento de los órganos de control.
El Gobierno no ha detallado hasta el momento el protocolo específico que seguirá la Policía para identificar cuándo una acción estudiantil deja de ser protesta y se convierte en vandalismo o terrorismo. Tampoco se ha precisado cómo se coordinará el ingreso con los rectores, quienes por ley tienen la potestad de autorizar el acceso de la fuerza pública a sus instalaciones.
La decisión se conoce en un momento en el que el debate sobre los límites de la protesta y la presencia policial en espacios civiles está abierto en la región. La Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido estándares sobre el uso de la fuerza en contextos de manifestación pública, que sirven de referencia obligatoria para el Estado colombiano.
Por ahora, la comunidad universitaria aguarda conocer los lineamientos oficiales y las reacciones de los ministerios de Educación y de Defensa. El pulso entre el Ejecutivo y los estudiantes universitarios se convierte así en uno de los primeros focos de tensión del nuevo gobierno en el frente educativo.