Durante un encuentro con los alcaldes del área metropolitana de Barranquilla, el presidente Abelardo de la Espriella afirmó que su administración no mantendrá la separación tradicional entre grupos armados. "Aquí se acabó esa división", expresó el mandatario, según registró El Colombiano.
La expresión hace referencia a la clasificación que en Colombia ha diferenciado históricamente a organizaciones guerrilleras, como las FARC y el ELN, de estructuras paramilitares y bandas criminales. Esa diferenciación ha determinado el tipo de tratamiento judicial, los marcos legales aplicables y la estrategia militar seguida por distintos gobiernos.
Con el anuncio, el presidente indicó que todos los grupos armados serán considerados bajo la categoría de organizaciones terroristas. Esta categoría implica la aplicación de normas especiales en materia penal, de inteligencia y de cooperación internacional, distintas a las que rigen para los delitos comunes.
El encuentro se realizó con mandatarios locales de los municipios que integran el área metropolitana de Barranquilla, una de las zonas con mayor actividad económica del Caribe colombiano. Los alcaldes presentes conocieron de primera mano la nueva directriz en materia de orden público.
La decisión representa un cambio en la doctrina de seguridad del Estado colombiano. Gobiernos anteriores han mantenido enfoques diferenciados según el origen, la estructura y la naturaleza de cada organización armada, lo que ha influido en los procesos de negociación, los operativos militares y la atención a las víctimas.
Para la ciudadanía, la declaratoria tiene implicaciones directas. Las personas vinculadas a estos grupos, sus redes de apoyo y quienes colaboren con ellos podrían enfrentar consecuencias penales más severas, según lo previsto en la legislación antiterrorista vigente en el país.
En materia de seguridad ciudadana, el cambio de clasificación puede traducirse en un reforzamiento de las operaciones de la Fuerza Pública contra estas organizaciones, con el uso de herramientas legales e institucionales propias de la lucha antiterrorista.
La medida también modifica la relación del Estado con la comunidad internacional. El tratamiento como terrorismo facilita la cooperación con otros países en materia de inteligencia, extradiciones y bloqueo de finanzas de organizaciones armadas, en el marco de los compromisos globales contra el terrorismo.
El gobierno no presentó, en el momento del anuncio, detalles operativos sobre cómo se implementará la nueva clasificación. Queda por conocer si esta directriz implicará reformas legales, ajustes en la doctrina militar o nuevas instrucciones a la Fuerza Pública.
El pronunciamiento ante los alcaldes de Barranquilla sugiere que la divulgación de la política se hará primero en regiones donde la presencia de grupos armados ha sido un tema central de la agenda de seguridad local.