El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a su equipo de Gobierno ofrecer asistencia jurídica y apoyo económico a las familias de los militares colombianos que se encuentran detenidos en Estados Unidos en el marco de las investigaciones por el magnicidio del expresidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. La instrucción fue confirmada este lunes por la Casa de Nariño, según reportó TuBarco.
Los uniformados colombianos involucrados fueron detenidos en territorio estadounidense y forman parte de un expediente judicial que ha mantenido la atención de la opinión pública durante los últimos años. La decisión presidencial apunta a garantizar defensa legal a los uniformados y a respaldar económicamente a sus núcleos familiares mientras avanza el proceso en la justicia de Estados Unidos.
El caso Moïse ha generado tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington, y ha puesto en discusión el rol de mercenarios y exmilitares colombianos en operaciones privadas en el extranjero. La postura de la administración De La Espriella, según lo consignado por la fuente, busca proteger los derechos de los connacionales procesados en el exterior y asegurar un acompañamiento institucional permanente.
El respaldo económico ordenado por el presidente se suma a la contratación de abogados que representarán a los militares en las audiencias que se adelantan en cortes federales de Estados Unidos. De acuerdo con la información publicada por TuBarco, la asistencia se extenderá a los familiares directos de los detenidos, quienes han afrontado dificultades económicas por la ausencia prolongada de los jefes de hogar.
La instrucción presidencial se conoce en un contexto de revisión de la política exterior colombiana en materia de cooperación judicial y de seguimiento a los ciudadanos que prestan o prestaron servicios de seguridad en el exterior. Diversos sectores habían solicitado al Gobierno una posición más activa frente al caso, dado el número de colombianos procesados y la complejidad de los trámites en el sistema judicial estadounidense.
El expediente por el asesinato de Jovenel Moïse ha involucrado a ciudadanos de varias nacionalidades, entre ellos un grupo de exmilitares colombianos señalados de haber participado en el operativo que terminó con la muerte del mandatario haitiano. Las autoridades de Estados Unidos han sostenido que la investigación sigue abierta y que no se descartan nuevas imputaciones o extradiciones en el marco de la causa.
Desde la Casa de Nariño se aseguró que el acompañamiento a los militares detenidos y a sus familias se mantendrá hasta tanto se resuelva la situación judicial en el exterior. La orden de De La Espriella también contempla la articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cancillería para hacer seguimiento a los procesos consulares y al acceso de los detenidos a su defensa.
La noticia llega en un momento en que el Gobierno colombiano ha sido cuestionado por su respuesta ante procesos de nacionales en el extranjero. Sectores políticos y organizaciones de derechos humanos han pedido mayor transparencia en el manejo del caso, al considerar que la presencia de militares colombianos en operaciones irregulares fuera del país compromete la imagen institucional de las Fuerzas Armadas.
Por ahora, la instrucción presidencial constituye la primera acción concreta del Gobierno para atender a los militares procesados y a sus familias. Queda pendiente conocer los montos asignados al apoyo económico, los nombres de los abogados designados y los plazos previstos para el acompañamiento, información que, según la fuente, será detallada en próximos comunicados oficiales de la Casa de Nariño.