El presidente Abelardo de la Espriella firmó las órdenes de extradición de tres negociadores que se encuentran privados de la libertad y ordenó la captura de otros dos para su envío a Estados Unidos, según informó Infobae. Los señalados estarían vinculados a las disidencias de las Farc, al ELN y a la estructura criminal Los Pachenca.
En el mismo pronunciamiento, el jefe de Estado anunció el desmonte de la estrategia de Paz Total, la política de negociaciones simultáneas que adelantó el gobierno de Gustavo Petro con distintos grupos armados y organizaciones criminales. Con esa decisión, el Ejecutivo pone fin a un esquema que abrió mesas de diálogo con estructuras como el ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otras bandas, bajo el argumento oficial de reducir la violencia mediante acuerdos.
El anuncio representa un giro de 180 grados en la política de seguridad y de diálogo del Estado colombiano. Mientras la Paz Total apostaba por conversaciones directas y beneficios penales a cambio de desmovilización, la administración de De la Espriella regresa al expediente de las extradiciones, una herramienta utilizada históricamente para presionar capturas y entregas a la justicia estadounidense por narcotráfico.
Las extradiciones afectan a figuras que participaban en las mesas de negociación o en espacios de interlocución con el gobierno anterior. El hecho de que algunos estén ya privados de la libertad sugiere capturas previas, en operativos que, según el reporte de Infobae, dejaron a los señalados a disposición de las autoridades para iniciar los trámites de entrega.
Sobre los dos subversivos que aún no han sido capturados, el presidente dio instrucciones expresas para su ubicación y envío. La operación queda en manos de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia, que deberán coordinar con la justicia de Estados Unidos para hacer efectiva la extradición una vez concretada la captura.
La decisión tiene implicaciones directas sobre los grupos armados y sobre los territorios donde operan estas estructuras. El desmonte de la Paz Total cierra las mesas instaladas y deja sin interlocución formal a organizaciones que mantenían delegados en diálogos, lo que cambia las condiciones en regiones afectadas por el conflicto y el narcotráfico.
Para la ciudadanía, el anuncio redefine las reglas del juego en materia de orden público. Sectores que pedían mano dura contra las organizaciones criminales reciben la noticia como una señal de firmeza, mientras quienes defendían la vía del diálogo alertan sobre un posible repunte de la violencia en zonas donde la presencia del Estado es limitada.
Infobae no detalla en el extracto los nombres de los extraditados ni los cargos específicos por los que EE. UU. los reclama. Esa información pendiente será clave para dimensionar el alcance del operativo y para que la justicia colombiana se pronuncie formalmente sobre cada una de las órdenes firmadas por el presidente.