El presidente Abelardo de La Espriella anunció, en el marco de una visita a Buenaventura, que solicitó al director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el coronel Daniel Gutiérrez, el traslado inmediato de 120 cabecillas de bandas criminales que se encuentran recluidos en centros carcelarios de esa ciudad. La petición fue hecha de manera directa al responsable del sistema penitenciario nacional, según lo registró Caracol Radio.
Buenaventura es el principal puerto colombiano sobre el océano Pacífico y uno de los municipios con mayor actividad económica derivada del comercio exterior. En los últimos años ha sido escenario de disputas entre grupos armados organizados por el control de rutas logísticas y economías ilegales, lo que ha incrementado la percepción de inseguridad entre sus habitantes y comerciantes.
El anuncio se produce durante una visita presidencial al territorio, una práctica habitual de los mandatarios para evaluar de primera mano la situación de las regiones y articular respuestas con autoridades locales. El traslado de internos de alta peligrosidad es una medida que suele invocarse cuando se considera que su permanencia en un centro específico puede comprometer la seguridad del entorno o facilitar la coordinación de actividades delictivas desde prisión.
El INPEC es la entidad encargada de la custodia, vigilancia y garantía de los derechos de la población privada de la libertad en Colombia. Entre sus funciones está la administración de los establecimientos carcelarios del país y la definición de criterios para la distribución de internos, incluidos los de alta seguridad. El traslado entre centros penitenciarios requiere coordinación con la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios y con la autoridad judicial competente.
La decisión de mover a 120 cabecillas de bandas criminales busca, según el contexto de la visita, reducir la capacidad de coordinación de estas estructuras desde los centros de reclusión de Buenaventura. Las bandas criminales, conocidas como Bacrim, son organizaciones sucesoras del paramilitarismo que el Estado colombiano ha intentado desarticular mediante operativos militares, capturas y acciones judiciales en los últimos años.
La comunidad de Buenaventura ha reclamado en distintas oportunidades medidas estructurales frente a la violencia, que ha incluido homicidios selectivos, restricciones a la movilidad y enfrentamientos entre grupos armados. El puerto, por su ubicación estratégica, es considerado un punto neurálgico para la seguridad del Pacífico colombiano y para las cadenas logísticas de exportación e importación del país.
El INPEC deberá ahora evaluar la capacidad operativa de otras cárceles del país para recibir a los 120 internos solicitados. El traslado de cabecillas de alta peligrosidad suele implicar un operativo de seguridad coordinado con la Fuerza Pública y el cumplimiento de protocolos de derechos humanos y debido proceso, especialmente para internos con medidas de aseguramiento o condenas en firme.
La administración del presidente De La Espriella no ha precisado hasta el momento el destino exacto de los internos ni los plazos en los que se ejecutaría la operación. La respuesta del coronel Daniel Gutiérrez y los operativos logísticos del INPEC serán los próximos pasos para hacer efectiva esta solicitud presidencial en el sistema carcelario colombiano.