El presidente Abelardo de la Espriella anunció la expedición de actos administrativos con los que pone fin a las mesas de diálogo creadas durante el Gobierno de Gustavo Petro. La información fue reportada por el medio internacional NTN24. Con esta decisión, el nuevo Ejecutivo desmonta uno de los instrumentos centrales de la política de negociación del periodo anterior.
Según el reporte, el jefe de Estado comunicó además que su Gobierno no negociará la soberanía con grupos criminales. La declaración marca un giro frente al enfoque de conversaciones que había mantenido la administración anterior y que había sido respaldado por diferentes sectores políticos, al mismo tiempo que recibió críticas de otros actores que consideraban que tales acercamientos daban margen de acción a organizaciones armadas.
De la Espriella también hizo referencia a capturas y extradiciones que están pendientes. El anuncio se produce en un contexto en el que distintas jurisdicciones internacionales tramitan solicitudes de captura contra integrantes de organizaciones señaladas de narcotráfico y otros delitos transnacionales. La mención del mandatario sugiere que esas solicitudes forman parte de la agenda prioritaria del Ejecutivo.
Las mesas de diálogo que se disolvieron habían sido conformadas como parte de la llamada política de paz total, una estrategia que buscaba abrir espacios de conversación con distintos grupos armados y estructuras criminales bajo condiciones legales previamente definidas. Esa política fue objeto de debates sobre su alcance, sus límites y sus efectos sobre la seguridad en los territorios.
El cierre de esos espacios implica que los delegados, facilitadores y enviados especiales nombrados para esos procesos quedan sin interlocución formal con el Gobierno nacional. La transición administrativa exige, en la práctica, definir qué sucede con los acuerdos parciales, las hojas de ruta y los compromisos previos que se hayan suscrito con los grupos que participaban en las conversaciones.
Para los ciudadanos, el cambio de enfoque tiene implicaciones directas. En las regiones afectadas por la presencia de grupos armados, las decisiones sobre continuidad o suspensión de diálogos suelen influir en la dinámica del orden público, en la protección de líderes sociales y en la situación de comunidades que han pedido, de manera reiterada, rutas claras para la convivencia.
Desde el punto de vista institucional, la terminación de las mesas se concreta mediante actos administrativos, es decir, decisiones formales del Ejecutivo que surten efectos legales inmediatos. Este tipo de providencias puede ser revisada por la Jurisdicción Contencioso Administrativa si algún actor considera que se vulneran derechos o se incumplen normas vigentes.
La postura del presidente De la Espriella se apoya en el principio de soberanía para descartar cualquier tipo de negociación con estructuras que el Estado considere criminales. Esa línea coincide con la de varios gobiernos anteriores que también cerraron procesos de diálogo al argumentar que las organizaciones involucradas no representaban una contraparte política válida.
Queda por verse cómo reaccionarán las organizaciones armadas que participaban en las mesas y qué papel jugarán los países que fungían como acompañantes o garantes. La Cancillería y el Ministerio de Defensa deberán definir los pasos siguientes, en medio de las capturas y extradiciones anunciadas por el propio presidente.