El presidente Abelardo de la Espriella señaló que las compañías aseguradoras dispondrán de un plazo de dos años para cancelar las pólizas vigentes sobre los inmuebles que estaban asegurados y que sufrieron daños por el terremoto, según informó Caracol Radio.
El anuncio fue hecho por el propio mandatario, quien se refirió directamente a las aseguradoras como responsables de cumplir con los pagos a los afectados en el término fijado.
El terremoto que motivó la decisión dejó un número indeterminado de inmuebles con daños estructurales en distintas zonas del país, de acuerdo con lo reportado por la fuente. Los propietarios que contaban con seguros esperan desde entonces el reconocimiento de sus pólizas.
En Colombia, cuando ocurre un sismo de gran magnitud, las aseguradoras deben responder por los bienes cubiertos en sus pólizas, que suelen incluir daños estructurales, pérdida de contenidos y, en algunos casos, gastos de alojamiento temporal mientras se reconstruye la vivienda.
La Superintendencia Financiera es la entidad encargada de vigilar que las aseguradoras cumplan los plazos y condiciones pactados con los asegurados, y puede intervenir si detecta incumplimientos en los pagos.
El Gobierno nacional ha subrayado la urgencia de atender a las familias damnificadas, por lo que el pronunciamiento presidencial se enmarca en la presión para que el sistema asegurador responda con rapidez.
La medida fija un horizonte temporal concreto para que las aseguradoras tramiten y desembolsen las indemnizaciones correspondientes, con lo cual los propietarios afectados podrían recibir los recursos para reparar o reconstruir sus viviendas dentro del plazo establecido.
Según la fuente, el anuncio fue realizado por el presidente sin que se conozcan, hasta el momento, los mecanismos específicos de fiscalización ni las sanciones aplicables a las aseguradoras que no cumplan con el plazo señalado.
Queda por conocer cómo reaccionarán las compañías aseguradoras frente al plazo fijado y si solicitarán al Gobierno acompañamiento técnico para evaluar los daños en los inmuebles asegurados a lo largo del territorio nacional.