El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, presentó los lineamientos de una nueva estrategia integral de seguridad y orden público, según reportó IFM Noticias. El eje de la propuesta es que todas las organizaciones criminales que operan en el país serán consideradas y tratadas como grupos terroristas, sin distinciones entre sus modalidades de actuación.
La decisión implica un cambio en la categorización que el Estado colombiano aplicaba hasta ahora a distintas estructuras armadas. Bandas criminales, organizaciones dedicadas al narcotráfico y grupos que ejercen violencia territorial quedarían bajo un mismo tratamiento, con el marco jurídico y operativo que el país reserva para el terrorismo.
Colombia ha convivido por décadas con múltiples formas de violencia organizada. Grupos guerrilleros, paramilitares, bandas heredadas del paramilitarismo y redes dedicadas al tráfico de drogas han sido históricamente abordados por marcos legales diferentes. Unificar su tratamiento bajo la figura de terrorismo representa una ruptura con esa diferenciación.
En la práctica, la reclasificación puede modificar las herramientas con que las Fuerzas Armadas, la Fiscalía y la Policía judicializan a los integrantes de esas estructuras. También podría cambiar los tipos penales aplicables, los regímenes de colaboración y las sanciones previstas en la legislación vigente.
El anuncio también tiene implicaciones para los procesos de diálogo o negociación que el Estado pudiera adelantar con estructuras armadas. Si todos los grupos son tratados como terroristas, las vías de conversación política quedan condicionadas por esa misma denominación, lo que restringe los espacios de interlocución.
Para la ciudadanía, la medida se traduce en un cambio de marco sobre el cual se evaluarán los operativos, las capturas y los juicios. En regiones donde el crimen organizado disputa el control territorial con la Fuerza Pública, la estrategia redefine la manera como el Estado justifica sus acciones militares y policiales.
La presentación de los lineamientos abre una fase de implementación que requerirá ajustes normativos y operativos en varias entidades. El Ministerio de Defensa, la Fiscalía General y la rama judicial serán piezas clave para traducir la directriz presidencial en acciones concretas sobre el terreno.
Queda pendiente conocer los detalles del decreto, las resoluciones y los protocolos que acompañarán la estrategia. Sectores políticos, abogados y organizaciones de derechos humanos estarán atentos a la forma final que adopte la política y a su compatibilidad con el ordenamiento jurídico colombiano.