El presidente Abelardo De la Espriella confirmó que su gobierno apelará tres fallos judiciales que han limitado pilares centrales de su política de seguridad. Las sentencias prohíben bombardear campamentos donde haya menores de edad, exhibir cadáveres en redes sociales como parte de la estrategia disuasoria y retomar pruebas de fumigación con glifosato en zonas de cultivo ilícito.
Las decisiones provienen de distintos tribunales del país que, según la lectura del Ejecutivo, se extralimitan al bloquear herramientas que, a juicio del gobierno, resultan indispensables para golpear a las organizaciones criminales. La apelación busca que instancias superiores revisen los argumentos y, eventualmente, revoquen las restricciones.
En el mismo anuncio, De la Espriella informó que la Policía Nacional podrá ingresar a las universidades cuando se registren hechos de violencia dentro de los campus. La medida se conoce en un contexto de creciente preocupación por hechos de alteración del orden público en recintos universitarios y por los límites legales que históricamente han protegido la autonomía académica.
El pronunciamiento se produce tras una seguidilla de episodios en los que grupos armados y estructuras criminales han sido señalados de utilizar zonas rurales y urbanas como escudo logístico. La estrategia de bombardeo selectivo, impulsada por el Ejecutivo desde el inicio de su mandato, había sido presentada como una respuesta directa a esa realidad.
Sectores de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos han cuestionado de manera reiterada el uso de la fuerza militar contra campamentos, la exhibición pública de cuerpos y la fumigación aérea con glifosato. Para esos sectores, las prácticas vulneran principios del Derecho Internacional Humanitario y normas ambientales, y ponen en riesgo a comunidades rurales y a la población menor de edad.
La rama judicial, por su parte, ha argumentado que las restricciones buscan precisamente proteger a civiles no combatientes y evitar afectaciones colaterales en la población. Los fallos se fundamentan en jurisprudencia previa sobre el uso de la fuerza, la dignidad de las víctimas y los principios de precaución ambiental.
El ingreso de la Policía a los campus también reactiva un debate de larga data en Colombia. La autonomía universitaria, consagrada en la Constitución y desarrollada en legislación posterior, limita la presencia de la fuerza pública dentro de las instituciones de educación superior. La nueva directriz abre la puerta a operativos puntuales cuando se reporten hechos violentos.
Analistas consultados en distintos medios coinciden en que la confrontación entre el Ejecutivo y los tribunales marcará la agenda política de las próximas semanas. Las decisiones que adopte la justicia ordinaria y, eventualmente, la Corte Constitucional, serán determinantes para definir el alcance real de la política de seguridad del gobierno.
Por ahora, el gobierno mantiene su intención de avanzar en las tres líneas cuestionadas mediante la vía de la apelación. También anunció que articulará protocolos con las universidades para que el ingreso policial, cuando proceda, se realice bajo criterios claros de coordinación y respeto a los derechos de la comunidad educativa.