El presidente Abelardo de La Espriella convocó en Barranquilla una reunión con los ministros de Justicia y de Transporte, junto con representantes del sector constructor, con el propósito de destrabar la construcción de megacárceles en el país. El encuentro marca el inicio formal de una de las apuestas centrales de su campaña en materia de seguridad, según reportó El País.
La cita se llevó a cabo en Barranquilla, la ciudad de origen del jefe de Estado, y tuvo como eje definir la hoja de ruta operativa y financiera del programa. En la reunión participaron dos carteras clave: Justicia, por el rol que tiene el sistema penitenciario en la política criminal, y Transporte, por la logística que exige mover materiales, personal y equipos a gran escala.
La presencia del gremio constructor en la mesa anticipa que el Gobierno busca esquemas de contratación con el sector privado. En proyectos de infraestructura de gran tamaño, como cárceles con capacidad para varios miles de internos, el modelo de asociación público-privada ha sido la figura más usada en Colombia durante las últimas décadas para repartir riesgos de diseño, financiación y operación.
La sobrepoblación carcelaria es un problema estructural del sistema penitenciario colombiano. El país arrastra desde hace años niveles de hacinamiento que superan los estándares internacionales, una situación que se traduce en condiciones precarias de reclusión, tensiones entre internos y dificultades para los programas de resocialización. Cualquier ampliación de la capacidad de alojamiento se inscribe en ese debate de fondo.
Desde el ángulo ciudadano, el anuncio toca varios frentes. Por un lado, la promesa de más cupos carcelarios suele ir ligada a políticas de mano firme contra el crimen organizado, un tema sensible en regiones golpeadas por el narcotráfico y la extorsión. Por otro, la construcción de infraestructura de gran tamaño implica empleo, compras locales y movimiento de maquinaria en los municipios donde se levanten los proyectos.
El plan llega además con un componente de transparencia pendiente. Hasta ahora el Gobierno no ha informado públicamente cuántas megacárceles se proyectan, en qué departamentos se ubicarían, con qué capacidad ni bajo qué figura contractual se ejecutarían. Tampoco se conoce el cronograma ni la fuente de los recursos, aspectos que el Ministerio de Justicia suele detallar cuando arranca un programa de esa naturaleza.
El sector constructor, por su parte, viene de un año marcado por la caída en la vivienda de interés social y por el freno en proyectos de infraestructura vial y energética. La posibilidad de un nuevo bloque de inversión pública y privada en cárceles aparece, en ese contexto, como una señal de reactivación para firmas especializadas en cimentación, estructuras metálicas y servicios penitenciarios.
Quedan varias preguntas sobre la mesa. ¿Cuál será la entidad encargada de operar las megacárceles? ¿Se mantendrá la guardia del Inpec o se abrirá un modelo mixto con vigilancia privada? ¿Habrá consultas previas con comunidades en los municipios elegidos? El resultado de la reunión de Barranquilla debería empezar a despejar esos puntos en los próximos días.
Por ahora, el Gobierno convirtió una promesa de campaña en una convocatoria con dos ministerios y un gremio. El siguiente paso será traducir ese encuentro en un diseño técnico y financiero que el país pueda evaluar, según los plazos que el propio presidente defina ante la opinión pública.