El presidente Abelardo de la Espriella afirmó en su más reciente alocución que alias Araña no era un gestor de paz, sino “un criminal al que Gustavo Petro le puso un disfraz”, según reportó El Heraldo. La frase, pronunciada ante el país, apunta directamente al mecanismo de interlocución con estructuras armadas que operó durante la administración anterior.
De la Espriella asumió la Presidencia de Colombia y, desde entonces, ha usado alocuciones oficiales para fijar postura sobre temas sensibles del orden público. En esta ocasión, el centro de su mensaje fue la figura de los gestores de paz, una figura contemplada en la legislación colombiana para facilitar diálogos con actores armados, y que ha generado debate por los perfiles que han ostentado esa condición.
La figura de gestor de paz está prevista en el ordenamiento jurídico colombiano como un rol de mediación y acompañamiento en procesos de acercamiento con grupos armados, bajo la coordinación del Gobierno nacional. A lo largo de los años, distintos gobiernos han recurrido a esta figura con resultados y controversias diversas, y su utilización ha sido objeto de críticas por la participación de personas con antecedentes judiciales.
Según la información publicada por El Heraldo, la declaración presidencial busca deslegitimar la utilización que el gobierno de Gustavo Petro hizo de esa herramienta con alias Araña. El Jefe de Estado insistió en que, bajo esa denominación, se ocultó a un delincuente, lo que, a su juicio, comprometería la seriedad de la política de paz total impulsada por la administración anterior.
La afirmación tiene implicaciones directas para la ciudadanía, pues toca un punto sensible de la política de seguridad: la confianza en los canales de diálogo con estructuras criminales. Para las comunidades afectadas por el conflicto y para los organismos de seguridad, la caracterización que haga el Presidente sobre estos interlocutores puede traducirse en cambios operativos o en ajustes a los protocolos de negociación.
La reacción del gobierno anterior no se hizo esperar en el debate público. Sectores cercanos al petrismo han defendido el mecanismo de gestores de paz como una herramienta legítima para explorar vías de solución negociada. Otros analistas y voces de oposición han coincidido con De la Espriella en que la utilización de esas figuras requiere filtros más estrictos para evitar que participen personas con historiales delictivos.
En lo institucional, la declaración abre interrogantes sobre el destino de los procesos y acercamientos que se adelantaban con la mediación de alias Araña. Una eventual ruptura con esos contactos supondría reorientar la estrategia de seguridad hacia vías exclusivamente judiciales o de fuerza, en línea con el discurso que el actual gobierno ha venido sosteniendo desde su posesión.
Por ahora, queda pendiente que la Presidencia detalle las acciones concretas que se derivarán de esta calificación. El país observa si la denuncia verbal se traducirá en investigaciones, capturas o en un rediseño del marco de los gestores de paz, y cuál será la respuesta formal del gobierno de Gustavo Petro a los señalamientos formulados desde la Casa de Nariño.