El presidente Abelardo de la Espriella derogó la ley que prohibía la aspersión aérea con glifosato sobre los cultivos de drogas, según informó la fuente consultada. La decisión se enmarca dentro de la política oficial contra el narcoterrorismo que el gobierno ha venido promoviendo.
La aspersión aérea con glifosato fue suspendida en Colombia años atrás mediante una ley del Congreso que buscaba proteger la salud pública y el medio ambiente. Desde entonces, el Estado colombiano había reliedo en programas de erradicación manual y en acuerdos de sustitución voluntaria con familias campesinas.
Con la derogatoria, el gobierno recupera un instrumento que durante décadas fue usado para reducir las hectáreas sembradas con hoja de coca y otros cultivos destinados al tráfico de drogas. Organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales habían alertado sobre los efectos del químico en la salud y en ecosistemas como parques nacionales y reservas.
La lucha contra el narcoterrorismo es una de las líneas centrales del gobierno de De la Espriella. Al presentar la medida, el Ejecutivo la vinculó directamente con la necesidad de golpear las fuentes de financiamiento de los grupos armados que delinquen en zonas rurales y afectan a comunidades enteras.
La decisión tendrá implicaciones inmediatas para las comunidades rurales que viven en zonas de alta presencia de cultivos ilícitos. En esos territorios, la población suele estar en medio del fuego cruzado entre grupos armados, fuerzas de seguridad y estructuras dedicadas al narcotráfico.
Sectores agrícolas y ambientales han pedido que cualquier plan de aspersión incluya evaluaciones de impacto ambiental, protocolos de protección a fuentes de agua y notificación previa a las comunidades. También han reclamado transparencia en la cantidad de herbida que se proyecta aplicar y en las áreas priorizadas.
La reapertura de la aspersión aérea reabre el debate sobre la política de drogas en Colombia. Mientras el gobierno defiende la medida como una herramienta necesaria contra el financiamiento del narcoterrorismo, distintos sectores cuestionan su eficacia y su impacto en la salud y en el medio ambiente.
Queda por verse cómo se implementará la derogatoria y bajo qué condiciones operativas el Estado retomará las fumigaciones, un punto clave para las comunidades directamente afectadas y para la cooperación internacional que acompaña la lucha contra las drogas en Colombia.