El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el despliegue del Ejército colombiano en Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, en respuesta a una ola de violencia que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) desataron tras la muerte de uno de sus líderes, según informó Euronews. La orden presidencial busca restablecer el orden en una ciudad de más de medio millón de habitantes y principal destino turístico del Caribe colombiano.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son un grupo armado organizado que opera en la Sierra Nevada de Santa Marta, una zona compartida por los departamentos de Magdalena, César y La Guajira. Su presencia en el área se remonta a procesos de disidencia y reconfiguración de estructuras paramilitares posteriores a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Su disputa reciente por el liderazgo interno habría detonado los hechos de violencia que motivaron la decisión presidencial.
Santa Marta concentra un alto flujo de turistas nacionales e internacionales durante todo el año por sus playas, el Parque Nacional Natural Tayrona y la cercanía con la Ciénaga Grande. Cualquier alteración grave del orden público en la ciudad tiene un efecto directo sobre la actividad hotelera, los restaurantes, el transporte y el comercio formal e informal que dependen del turismo, principal motor económico de la región.
El despliegue del Ejército implica el ingreso de tropas adicionales a las que normalmente operan en la zona urbana, junto con tareas de patrullaje, control de accesos y acompañamiento a la Policía. Aunque la fuente no precisa el número de soldados ni el tiempo estimado de la operación, este tipo de decisiones suelen coordinarse entre el Ministerio de Defensa, el Comando General de las Fuerzas Militares y las autoridades locales de Magdalena.
La medida se enmarca en las facultades constitucionales que tiene el presidente de la República para dirigir la fuerza pública y preservar el orden público en todo el territorio nacional. La Constitución de 1991 y la Ley 4 de 1990 sobre orden público regulan estos operativos, que en otras coyunturas han sido criticados por organizaciones de derechos humanos cuando se sostienen por periodos prolongados sin resultados visibles.
La orden también pone en el centro del debate la capacidad del Estado para contener a los grupos armados que aún operan en la Sierra Nevada y que han mantenido una disputa territorial con otras estructuras como el ELN y disidencias de las FARC. La zona es considerada una de las más complejas del país por su geografía montañosa, la presencia de comunidades indígenas kogui, arhuaca y wiwa, y los corredores de narcotráfico que cruzan hacia la costa Caribe.
Para los habitantes de Santa Marta, la presencia militar en las calles es una imagen recurrente desde hace décadas. Lo que cambia en esta ocasión, según el reporte de Euronews, es la velocidad de la reacción presidencial, que se produjo de manera inmediata tras los hechos de violencia de las ACSN. Resta por conocer los resultados operativos de la medida y si se articulará con investigaciones de la Fiscalía que conduzcan a capturas de los responsables.
La situación en Santa Marta también tendrá repercusiones en el turismo internacional. Las cancillerías y las agencias de viajes suelen consultar los niveles de seguridad antes de recomendar o restringir viajes a destinos colombianos. Una crisis de orden público sostenida podría afectar la llegada de visitantes en una temporada clave para la economía de la ciudad.
Por ahora, el gobierno nacional no ha informado sobre un parte oficial con el balance de las acciones militares ni sobre eventuales capturas. La fuente consultada, Euronews, tampoco detalla el número de víctimas o de afectados por la violencia de las Autodefensas Conquistadoras. El seguimiento periodístico de los próximos días será clave para dimensionar el alcance real de la crisis.