El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que su gobierno adelantará deportaciones de extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular en el país. La información fue publicada por el diario español El País, que tituló su nota "De la Espriella calca la política migratoria de Trump".
Según el extracto de la fuente, la medida afectaría a unos 848.000 venezolanos, una cifra que da cuenta de la magnitud del flujo migratorio que Colombia ha recibido en los últimos años y que se convirtió en el mayor fenómeno de migración intraregional del continente.
El País describe que el gobernante colombiano "siguiendo el manual de poner en la misma bolsa migración y delincuencia" impulsa esta línea. Esa asociación entre migración irregular y delito es el mismo eje que el presidente estadounidense Donald Trump usó como base de su política de frontera y de expulsiones masivas durante su campaña y su primer período en la Casa Blanca.
Colombia pasó en pocos años de ser un país de emigrantes a ser el principal receptor de población venezolana. Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades concentran comunidades grandes de migrantes, muchos de ellos con doble nacionalidad, permisos especiales o el Estatuto Temporal de Protección vigente desde 2021, una figura que buscó regularizar a buena parte de esa población.
La anunciada política de deportaciones pone en cuestión ese esquema de protección. Si la nueva administración opta por retornar a personas con Permiso de Protección Temporal o sin documentación, el impacto recaería sobre familias enteras, muchos de ellos niños y adolescentes escolarizados, y sobre sectores económicos que dependen de mano de obra migrante como la construcción, el comercio informal y el servicio doméstico.
En el plano diplomático, el giro colombiano acerca a Bogotá a la línea dura de Washington en materia migratoria y marca un cambio frente al tono del gobierno anterior, que había abogado por una respuesta regional con visas, regularización y cooperación con Caracas. El nuevo enfoque también condiciona la relación bilateral con Venezuela, de la que Colombia depende para temas como el comercio fronterizo, la seguridad y la lucha contra grupos armados.
Desde el punto de vista institucional, una política de deportaciones de esta escala exige coordinación entre Migración Colombia, la Cancillería, la Defensoría del Pueblo y las Fuerzas Armadas. También abre interrogantes sobre el debido proceso, los lugares de reclusión temporal y los convenios con países de origen para recibir a los deportados.
Para los colombianos, la medida tiene un efecto directo en ciudades con alta presencia de población migrante y, según cómo se implemente, puede modificar el mercado laboral, la matrícula escolar y la atención en salud. Sectores defensores de derechos humanos suelen advertir que las deportaciones masivas sin garantías judiciales exponen a personas vulnerables a trata, separación familiar o retorno forzado a zonas en crisis.
El País no precisa en el extracto la fecha exacta del anuncio ni el decreto específico que lo respalda, por lo que quedan pendientes los detalles operativos: el cronograma, los criterios de prioridad, los recursos asignados y los acuerdos con gobiernos de origen. Hasta tanto se conozcan, la magnitud del impacto dependerá de cómo se traduzca la decisión en acciones concretas sobre los 848.000 venezolanos mencionados por la fuente.