El presidente Abelardo de la Espriella se metió de lleno en la controversia limítrofe que sostienen Barranquilla y Puerto Colombia por un sector estratégico del Atlántico. Según el reporte de prensa, el jefe de Estado intercedió directamente por la capital departamental en esa puja territorial que, de resolverse en contra de Barranquilla, comprometería una zona de alto valor económico en la región.
La disputa no es nueva. Limítrofes entre municipios es una larga tradición en Colombia, alimentada por el crecimiento urbano y por el interés comercial que despiertan los terrenos en disputa. En este caso, el sector en litigio es descrito como una zona cotizada, lo que sugiere que su valorización urbanística o portuaria es parte central del conflicto entre los dos municipios.
De acuerdo con el titular de la nota, la pelea involucra a los Torres, una familia con peso político y económico en el Atlántico. Esa participación explica el tono del enfrentamiento y la decisión del presidente de intervenir en un asunto que, en condiciones normales, suele dirimirse entre las alcaldías, la Gobernación del Atlántico y, en última instancia, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o la jurisprudencia del Consejo de Estado.
La intervención del jefe de Estado le da al debate una dimensión nacional. Más allá del litigio por unas hectáreas, lo que está en juego es la influencia política sobre el desarrollo futuro de un corredor cercano a Barranquilla, ciudad que concentra buena parte de la actividad industrial, portuaria y logística de la costa Caribe. Una decisión favorable a Puerto Colombia reordenaría la relación entre los dos municipios y abriría un nuevo capítulo en la discusión sobre el ordenamiento territorial del área metropolitana.
Para los habitantes de ambos municipios, el conflicto tiene consecuencias prácticas: define a qué alcaldía pagan impuestos, qué plan de ordenamiento territorial se aplica sobre sus predios y qué obras públicas reciben. Los propietarios de lotes en la zona en disputa viven desde hace años con la incertidumbre de no saber con certeza bajo qué jurisdicción caen sus terrenos, una situación que suele traducirse en trámites más largos y disputas por cobros prediales.
Las reacciones políticas en el Atlántico no se hicieron esperar. Sectores cercanos a la Alcaldía de Barranquilla respaldaron el pronunciamiento presidencial, mientras que voces vinculadas a Puerto Colombia advirtieron que la intervención del Ejecutivo nacional no puede sustituir los procesos técnicos y judiciales que deben resolver el diferendo. Esa tensión muestra que el conflicto va más allá de un mapa y se ha convertido en un pulso de poder entre dos gobiernos locales con intereses encontrados sobre el uso del suelo.
La próxima batalla se dará previsiblemente en los escritorios del IGAC y en los despachos judiciales. Aunque el presidente pidió que se respete la posición de Barranquilla, el camino formal del litigio sigue siendo el de la delimitación oficial y, eventualmente, el de una decisión del Consejo de Estado. Mientras tanto, la zona en disputa permanece en un limbo que afecta a propietarios, inversionistas y a los propios municipios, que ven cómo una decisión pendiente frena proyectos de vivienda, industria y conectividad en uno de los puntos más apetecidos del Caribe colombiano.