El presidente Abelardo de la Espriella presentó ante la opinión pública los cuerpos de personas muertas durante un bombardeo ejecutado contra disidencias de las FARC encabezadas por alias Iván Mordisco, de acuerdo con la información publicada por EL PAÍS. El medio señaló que el gobernante celebró los resultados de la operación mostrando los cadáveres en el suelo.
La divulgación de imágenes de operativos militares con víctimas mortales visibles no es frecuente en la comunicación presidencial colombiana. Gobiernos anteriores optaron por difundir partes oficiales con cifras, fotografías satelitales o material editado, y dejaron las escenas del crimen bajo custodia de la Fiscalía y la Justicia Penal Militar. Esta práctica suele regirse por protocolos que buscan preservar la dignidad de los cuerpos y no entorpecer las investigaciones judiciales.
Iván Mordisco es uno de los principales líderes de las disidencias del antiguo grupo guerrillero FARC que se apartaron del acuerdo de paz de 2016. Su estructura ha sido señalada en distintas ocasiones por las autoridades como responsable de acciones armadas en departamentos como Cauca, Guaviare y Meta, entre otros. Los bombardeos contra estos campamentos hacen parte de la estrategia de presión militar que la Fuerza Pública mantiene sobre los grupos que persisten en la violencia.
La reacción del presidente, descrita por EL PAÍS como una celebración de los resultados de la operación, ocurre en un contexto de política de seguridad que el actual Gobierno ha presentado como prioritaria. El discurso oficial ha subrayado el combate a las disidencias y al llamado Estado Mayor Central como ejes de la gestión en materia de orden público.
Mostrar los cuerpos en una aparición pública puede tener efectos en varias direcciones. Para algunos sectores, comunica determinación y respaldo a las Fuerzas Militares. Para otros, vulnera derechos de las víctimas, dificulta el reconocimiento forense de los cadáveres y expone a las familias de los fallecidos a una divulgación no consentida de la identidad de sus seres queridos. También puede comprometer el debido proceso si se afecta la escena del hecho.
Expertos en comunicación de crisis y en derechos humanos suelen recordar que existen lineamientos del Derecho Internacional Humanitario y de la jurisprudencia nacional sobre el manejo de imágenes de personas fallecidas en combate. La Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tratado temas como el derecho a la imagen de los muertos, la dignidad de las víctimas y el deber del Estado de investigar y esclarecer los hechos.
Desde el punto de vista operativo, un bombardeo contra un campamento de disidencias suele ir acompañado de un parte militar con ubicación, hora, balance de bajas y captura de material. La Fiscalía debe adelantar el acto urgente de inspección y la identificación de los cuerpos. Cuando las imágenes de los cadáveres se difunden antes de ese proceso, surge una tensión entre la narrativa política del Gobierno y el procedimiento judicial que sigue a la operación.
Quedan varios puntos pendientes sobre los que aún no hay información detallada en la fuente consultada. No se conoce el número exacto de personas fallecidas, la fecha precisa del bombardeo ni el departamento donde ocurrió la acción. Tampoco se pronunció públicamente el Ministerio de Defensa ni se conoció un reporte oficial de la operación que permita contrastar la versión presidencial.
La forma en que el Gobierno comunique los resultados de los operativos contra grupos armados seguirá siendo objeto de discusión pública. La balanza entre transparencia, respeto a las víctimas y respaldo a la Fuerza Pública es uno de los dilemas centrales de la política de seguridad en Colombia, y este episodio lo pone de nuevo sobre la mesa.