El presidente Abelardo De La Espriella anunció el cierre de las mesas de diálogo que se arrastraban de la administración anterior y dio instrucciones a la Fuerza Pública y a la Fiscalía para priorizar capturas y extradiciones de cabecillas de organizaciones criminales, según reportó la agencia NotiPress.
La decisión representa un viraje en la política de seguridad frente a los grupos armados organizados. Hasta ahora, la vía de los diálogos había sido la herramienta central del gobierno saliente para intentar reducir la violencia en zonas rurales y urbanas donde hacen presencia estos grupos.
Con la orden de aplicar la ley de manera estricta, se desactivan los espacios de conversación que existían con distintas estructuras y se reactiva la ruta judicial y militar. Esto implica que las capturas y los procesos de extradición por narcotráfico y otros delitos pasan a ser el eje de la estrategia, en lugar de la negociación política.
La medida tiene impacto directo en la población civil que vive en territorios bajo presión de estos grupos. En muchas regiones, los diálogos habían traído treguas temporales o compromisos de desminado, mientras que las capturas afectan la cadena de mando de las organizaciones en las zonas donde delinquen.
El presidente también pidió a las autoridades avanzar con extradiciones, una herramienta que ya se ha usado en Colombia contra líderes de organizaciones dedicadas al narcotráfico. El mensaje a las Fuerzas Armadas es operar con la ley en la mano, sin zonas vedadas y con resultados medibles en reducción de actividad criminal.
Sectores políticos y expertos en seguridad han reaccionado de forma diversa. Mientras unos celebran el endurecimiento como una señal de firmeza, otros advierten que el cierre unilateral de los diálogos puede empujar a los grupos a reagruparse y a escalar la violencia en regiones apartadas donde la presencia del Estado sigue siendo débil.
El gobierno ahora debe detallar cómo se ejecutará la transición desde los espacios de diálogo hacia los operativos judiciales. Queda pendiente definir qué pasa con los acuerdos parciales vigentes, con los facilitadores internacionales y con los compromisos humanitarios firmados durante las conversaciones anteriores.
Para la ciudadanía, el dato clave es que la política de seguridad cambió de rumbo. Lo que viene son operativos, capturas y posibles extradiciones, en un país que acumula décadas de conflicto armado y donde cada decisión en esta materia incide directamente en la vida de millones de personas en zonas rurales y urbanas.