El presidente Abelardo de la Espriella firmó tres resoluciones mediante las cuales revocó las delegaciones oficiales que adelantaban los diálogos de paz con el ELN y el Clan del Golfo. La decisión también ordena el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) instalada en Putumayo, cuya operación deberá concluir el próximo 30 de septiembre.
Con estas resoluciones se desmontan los últimos espacios formales de conversación que sostenía el Estado colombiano bajo la figura de Paz Total. La ZUT de Putumayo era una de las figuras territoriales contempladas en esa política, creada para concentrar temporalmente a grupos armados mientras avanzaban las negociaciones.
La Paz Total fue la estrategia insignia del gobierno anterior para intentar conversaciones simultáneas con múltiples organizaciones criminales y guerrilleras. En la práctica, permitió abrir mesas con el ELN y explorar acercamientos con estructuras como el Clan del Golfo, aunque los avances fueron desiguales y atravesados por violaciones al cese de fuego.
La revocatoria de las delegaciones implica que los equipos negociadores designados por el Estado dejan de tener representación oficial ante esos grupos. En adelante, cualquier contacto institucional dependerá de nuevas designaciones o de un eventual cambio de enfoque por parte del Ejecutivo.
En Putumayo, el cierre de la ZUT obliga a definir qué ocurre con las personas que permanecían en esa zona bajo el amparo de los protocolos vigentes. La concentración de combatientes estaba pensada como un paso intermedio hacia su eventual vinculación a la vida legal, lo que ahora queda en suspenso.
La decisión llega en un contexto de presión creciente sobre los grupos armados y de cuestionamientos a la efectividad de los diálogos simultáneos. Sectores políticos habían pedido al nuevo gobierno mantener las conversaciones, mientras otros reclamaban un replanteamiento total frente a organizaciones que, según denuncias, siguieron delinquiendo.
Para los habitantes de Putumayo y de las regiones afectadas por el ELN y el Clan del Golfo, el fin de las mesas puede traducirse en un cambio en la dinámica de seguridad local. La historia reciente muestra que la interrupción de procesos de diálogo suele ir acompañada de escaladas de violencia, aunque el Gobierno aún no ha detallado la estrategia que seguirá en esos territorios.
El Ejecutivo no ha anunciado por ahora si abrirá nuevas vías de conversación o si optará por una estrategia exclusivamente de fuerza. Lo cierto es que, con la firma de las tres resoluciones, la arquitectura de la Paz Total queda desmontada en lo que respecta a sus dos principales mesas activas.
Queda pendiente conocer el destino del personal que hacía parte de las delegaciones revocadas, el cronograma exacto de desmonte de la ZUT y las medidas de protección para las comunidades que han sido mediadoras en los procesos. Esos puntos serán determinantes para evaluar el impacto real de la decisión en las regiones.
