El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este domingo que el próximo 7 de agosto su gobierno dará inicio al desmonte de la política de 'paz total', la estrategia de negociación simultánea con grupos armados y organizaciones criminales que ha rigido la política de seguridad en los últimos años. Según el extracto de El Colombiano, esa misma fecha se reactivarán las órdenes de captura que estén vigentes, lo que devuelve a la justicia ordinaria la persecución penal contra los cabecillas y miembros de estas estructuras.
La 'paz total' fue concebida como un marco de diálogo amplio del Estado colombiano con distintos actores armados, bajo el supuesto de que la negociación simultánea permitiría reducir la violencia y avanzar en sometimientos colectivos e individuales. En la práctica, el modelo generó críticas de sectores políticos, militares y de víctimas que cuestionaron los resultados en materia de desarticulación de redes criminales y de protección a la población civil.
Con el desmonte anunciado por De la Espriella, el Ejecutivo abandona el enfoque de negociación total y vuelve a privilegiar la vía judicial y operativa contra las organizaciones armadas ilegales. La reactivación de órdenes de captura implica que las autoridades competentes deberán ejecutar los mandatos judiciales pendientes contra personas vinculadas a esos grupos, sin la suspensión temporal que algunos acuerdos habían previsto.
La medida tiene implicaciones directas para los grupos que venían participando en mesas de diálogo o en procesos de sometimiento. Las estructuras que mantengan conversaciones con el Estado deberán evaluar si continúan en ese marco o si enfrentan de manera inmediata la acción de la fuerza pública y de la Fiscalía. La transición también obliga a las Fuerzas Militares y a la Policía a reorientar recursos operativos y de inteligencia.
Para la ciudadanía, el cambio de política puede traducirse en un replanteamiento de los operativos de seguridad en zonas donde la presencia de grupos armados ha sido históricamente determinante. En regiones con altos índices de violencia, la decisión abre un capítulo de incertidumbre sobre la forma en que el Estado responderá a hechos como extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado y ataques contra la población civil.
El anuncio se produce en un contexto de evaluación nacional sobre los resultados de las estrategias de seguridad implementadas hasta ahora. Organizaciones sociales y observadores internacionales han pedido durante años transparencia sobre los avances, retrocesos y costos humanos de la 'paz total', especialmente en territorios con presencia histórica de disidencias de las FARC, el ELN y bandas criminales.
El gobierno entrante deberá ahora definir el nuevo marco legal y operativo que reemplazará la política desmontada. Entre los temas pendientes quedan la suerte de los acuerdos parciales firmados, el tratamiento de los combatientes que se hayan acogido a beneficios y la articulación con la Jurisdicción Especial para la Paz y la justicia transicional, instancias que conservan competencias propias.
La fecha del 7 de agosto aparece entonces como un punto de inflexión en la política de seguridad. A partir de ese día, según el anuncio presidencial reportado por El Colombiano, la prioridad del Ejecutivo será la captura y judicialización de los responsables de hechos violentos, en lugar de la búsqueda de acuerdos de sometimiento bajo el paraguas de la 'paz total'.
Queda por ver cómo reaccionarán los grupos armados, los organismos de seguridad, el Congreso y los sectores afectados por el conflicto. La implementación efectiva de la medida dependerá de la capacidad operativa de las Fuerzas Militares, de la coordinación con la Fiscalía General y del acompañamiento de las autoridades territoriales en las regiones más golpeadas por la violencia.