El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este viernes el cierre de los diálogos que sostenía el Estado dentro de la política de “paz total”, una estrategia iniciada por su antecesor Gustavo Petro en 2022. Según el reporte de La Prensa de Lara, la decisión fue comunicada de manera directa por el mandatario, sin que hasta el momento se conozcan los detalles operativos del cierre.
La “paz total” fue la apuesta central del gobierno de Petro para negociar de manera simultánea con múltiples organizaciones armadas, tanto políticas como criminales. Bajo ese marco se abrieron mesas con grupos como el ELN, disidencias de las antiguas FARC y otras estructuras vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado.
La política partió de la idea de que la negociación podía reducir la violencia y atacar las causas estructurales del conflicto. También recibió críticas de sectores que la consideraban una concesión sin condiciones a organizaciones responsables de extorsiones, secuestros y masacres.
El presidente de la Espriella había cuestionado esa estrategia durante su campaña, al señalar que los resultados en seguridad eran insuficientes. Su llegada al poder abrió un compás de espera sobre el futuro de las mesas, mientras el nuevo equipo evaluaba qué acuerdos se mantendrían y cuáles se darían por terminados.
Con el anuncio de este viernes, el gobierno cierra una etapa y abre otra sobre la que todavía no hay definición pública. No se ha precisado si el cierre aplica a todas las mesas en curso o solo a algunas, ni qué grupos conservan algún tipo de canal de diálogo con el Estado.
La decisión tiene efectos sobre la población civil en zonas donde la presencia de esos grupos es fuerte. En muchos municipios, la dinámica diaria depende del comportamiento de los armados y de los acuerdos o tensiones que se registren con las autoridades nacionales.
Sectores de víctimas y organizaciones de derechos humanos han pedido claridad sobre el rumbo que tomará la negociación. También han solicitado que cualquier cambio preserve los compromisos adquiridos en materia de verdad, justicia y reparación.
En el frente internacional, el cierre de los diálogos puede modificar la relación con países que participaban como garantes o acompañantes, entre ellos Cuba, Venezuela y Noruega. Por ahora no hay pronunciamiento oficial de esos gobiernos sobre el anuncio.
Queda por conocer si el gobierno abrirá un nuevo modelo de conversaciones, si impondrá condiciones militares para eventuales acercamientos, o si apostará por una estrategia exclusivamente de fuerza. La respuesta a esas preguntas marcará el rumbo de la seguridad y la política de paz en lo que resta del mandato.