El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el fin de la política de paz total, la estrategia de negociación simultánea con grupos armados ilegales que fue bandera del gobierno de Gustavo Petro. El decreto correspondiente marca el primer gran ajuste en materia de seguridad del nuevo mandato, según el reporte oficial del primer mes de gestión.
La paz total se había planteado como un marco para adelantar conversaciones paralelas con organizaciones como el ELN, las disidencias de las FARC y estructuras narcotraficantes. Bajo ese esquema se suspendieron órdenes de captura y se habilitaron mesas de diálogo en distintas regiones del país. El nuevo gobierno considera que ese modelo no produjo los resultados esperados y decidió reemplazarlo.
Con el cierre de la política, el Ejecutivo recupera el uso de la fuerza como herramienta central frente a las organizaciones armadas. Fuentes oficiales explicaron que la transición incluye la reactivación de operativos de las Fuerzas Militares y de Policía, la revisión de los acuerdos parciales firmados durante la administración anterior y la reorganización de los equipos negociadores.
La decisión afecta directamente a las regiones donde funcionaban mesas de diálogo activas. En zonas del Catatumbo, el sur de Bolívar y parte del Cauca, comunidades campesinas e indígenas esperaban que los acuerdos alcanzados se tradujeran en inversiones sociales. Ahora esas comunidades quedan a la espera de que el nuevo enfoque incluya mecanismos alternativos de protección y de participación.
El cambio también tiene impacto en el sector defensa. La suspensión temporal de operaciones contra algunos grupos, contemplada en la ley que creó la paz total, deja de estar vigente. Tropas que permanecían en posiciones de acompañamiento pasan a retomar funciones de control territorial. El Ministerio de Defensa deberá reorganizar el pie de fuerza disponible para atender el nuevo mandato.
Organismos de derechos humanos han pedido en reiteradas ocasiones que cualquier giro en la política de seguridad se evalúe con criterios de protección a la población civil. El nuevo gobierno deberá precisar cómo se coordinarán los operativos con la Defensoría del Pueblo y con los sistemas de alerta temprana que operaron durante la vigencia de la paz total.
Sectores políticos que apoyaron la candidatura de De la Espriella celebraron la decisión. Consideran que la política anterior debilitó la fuerza pública y entregó espacios a organizaciones criminales. La oposición al nuevo gobierno, en cambio, advierte sobre los riesgos humanitarios que implica suspender mesas que contaban con avances verificables en algunas regiones.
En el plano internacional, el cierre de la política de paz total obligará a reevaluar la interlocución con los países garantes de los diálogos, entre ellos Noruega y Cuba, y con organismos como la ONU y la CELAC, que acompañaron los acercamientos. La Cancillería deberá informar a esos socios el alcance del nuevo rumbo.
Quedan pendientes decisiones clave: la suerte de los delegados del gobierno en las mesas activas, el destino de los acuerdos humanitarios firmados hasta ahora y la estrategia para los grupos que soliciten acogerse a la justicia ordinaria. El Ejecutivo anunció que esos puntos se definirán en un documento Conpes de seguridad que se publicará en las próximas semanas.