El presidente Abelardo de la Espriella presidió su primer consejo de ministros desde que asumió el cargo, en una jornada marcada por la contingencia que vive el país tras un reciente terremoto. La reunión sirvió para definir la ruta institucional de respuesta y para firmar la declaratoria de emergencia económica, una figura contemplada en la legislación colombiana para atender crisis de gran magnitud.
La emergencia económica, social y ecológica es un mecanismo previsto en la Constitución y desarrollado por la Ley 1523 de 2012 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Permite al Ejecutivo disponer de recursos extraordinarios, reasignar partidas del presupuesto y flexibilizar trámites administrativos con el fin de atender la fase aguda de una calamidad y comenzar la reconstrucción.
Desde la óptica de la gestión del riesgo, este tipo de declaración se activa cuando los desastres superan la capacidad de respuesta de los municipios y los departamentos. Habilita, por ejemplo, la contratación directa de obras y servicios, la destinación de recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y la coordinación con entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Fuerza Pública y los ministerios del sector social.
De acuerdo con la información difundida, en el consejo de ministros se trazó la estrategia para atender a las zonas afectadas, restablecer servicios esenciales y evaluar los daños estructurales. Las primeras tareas suelen incluir censo de afectados, habilitación de alojamientos temporales, atención médica y restablecimiento de acueductos, energía eléctrica y vías.
La sesión también se convirtió en el primer gran ejercicio de articulación del nuevo gabinete frente a una crisis. Cada ministerio recibió instrucciones para articular su labor dentro de un esquema unificado, en lugar de responder de manera dispersa. La idea, según el propósito general de los consejos de ministros en Colombia, es que Defensa, Salud, Vivienda, Transporte, Hacienda y la Unidad de Gestión del Riesgo trabajen con un mismo parte y un mismo cronograma.
Para los ciudadanos en las zonas afectadas, la declaratoria tiene implicaciones directas. Las personas damnificadas pueden acceder a ayudas humanitarias, alivios tributarios en los municipios incluidos en la emergencia y, en muchos casos, a subsidios de vivienda para reconstrucción. También se suelen ordenar alivios en créditos y en el pago de servicios públicos en las zonas golpeadas por la catástrofe.
En materia fiscal, la firma de la emergencia económica habilita al Ministerio de Hacienda para reorientar rubros y, eventualmente, tramitar créditos extraordinarios o emitir títulos de deuda con el fin de financiar la respuesta. Esa decisión suele ir acompañada de un decreto con el detalle de las facultades especiales y de los plazos para ejecutarlas.
Como antecedente reciente, durante emergencias similares los gobiernos colombianos han recurrido a esta figura para canalizar cooperación internacional y donaciones del sector privado. Las alcaldías y gobernaciones afectadas, por su parte, deben presentar los planes de acción específicos para acceder a los recursos.
Tras el consejo de ministros, el siguiente paso será la publicación del decreto que materializa la emergencia, acompañado de los reportes técnicos de daños y del inventario de necesidades elaborado por las autoridades locales. La continuidad del proceso dependerá de cómo evolucione la situación en las regiones golpeadas y del ritmo de llegada de ayuda a los territorios.