El Gobierno de Abelardo de la Espriella expidió dos resoluciones mediante las cuales confirma el fin de las conversaciones de paz que se venían adelantado con el frente Comuneros del Sur y con otras estructuras criminales. La decisión fue reportada por el medio Asuntos Legales, que tuvo acceso a los textos normativos.
Según la fuente, las resoluciones constituyen un paso más en el desmonte de la política de Paz Total que había sido implementada durante el gobierno anterior, encabezado por Gustavo Petro. Esa estrategia buscaba abrir espacios de diálogo con distintos grupos armados organizados, incluidas disidencias de las FARC y otras estructuras dedicadas al narcotráfico y la extorsión.
La figura de la Paz Total se sustentaba en un marco legal que facilitaba acercamientos con grupos armados bajo ciertas condiciones, con el objetivo declarado de reducir la violencia y avanzar en procesos de sometimiento a la justicia. Durante su vigencia se firmaron acuerdos parciales con algunos grupos y se suspendieron operativos contra otros, lo que generó tanto apoyos como críticas en distintos sectores políticos y de opinión.
Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia, el nuevo Ejecutivo trazó como una de sus prioridades diferenciar su política de seguridad frente a la administración saliente. Las resoluciones recientes se inscriben en esa línea, al cerrar la puerta a los diálogos con estructuras que el Gobierno considera no cumplen los compromisos adquiridos o que representan una amenaza persistente para la población civil.
La decisión afecta de manera directa a las comunidades que habitan las zonas donde el frente Comuneros del Sur tiene presencia, principalmente en departamentos del sur del país. En esos territorios, los procesos de diálogo abrían la expectativa de desescalamiento del conflicto, mientras que los críticos advertían del riesgo de que las estructuras utilizaran las conversaciones para fortalecerse militarmente y económicamente.
Para los ciudadanos, el cierre de los diálogos implica el regreso a una fase de operaciones militares y de seguridad contra esas estructuras, con el consecuente riesgo de afectaciones a la población civil en zonas de conflicto. También reabre el debate nacional sobre cuál es la estrategia más efectiva para enfrentar a los grupos armados organizados: la vía del diálogo, la vía militar o una combinación de ambas.
El Gobierno aún no ha detallado públicamente los alcances operativos de las resoluciones ni los efectos esperados en términos de resultados en seguridad. Tampoco se conocen por ahora reacciones oficiales de los grupos afectados, aunque en el pasado el frente Comuneros del Sur ha negado responsabilidades en algunos de los hechos que se le atribuyen y reclamado el cumplimiento de acuerdos previos.
La medida llega en un momento en el que el país observa con atención los primeros movimientos del Ejecutivo en materia de orden público. Analistas y defensores de derechos humanos suelen subrayar que cualquier modificación de la política frente a grupos armados debe acompañarse de garantías para las poblaciones más vulnerables y de claridad sobre los protocolos que se aplicarán en las zonas donde estos grupos hacen presencia.
Queda por verse si las resoluciones marcan el inicio de un repliegue completo de los espacios de diálogo abiertos con otras estructuras o si se trata de decisiones focalizadas, caso por caso. Por ahora, la señal del Gobierno de De la Espriella es nítida en un punto: las conversaciones con Comuneros del Sur y las estructuras mencionadas concluyeron formalmente.