El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció la creación de un "bloque de defensa para la seguridad", una estructura que, según sus propias palabras, se enfocará en reducir tres delitos que afectan de manera directa a la población: extorsiones, atracos y homicidios. El anuncio lo hizo en un escenario público en el que pidió el respaldo de las principales ciudades del país.
De la Espriella sostuvo que el país necesita una respuesta articulada frente al crimen urbano y planteó la conformación de "la más grande operación de seguridad urbana" en Colombia. La propuesta, divulgada por DW.com, plantea un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las alcaldías, en un modelo de cooperación que aún no ha sido detallado en su totalidad.
La seguridad de las ciudades ha sido durante años uno de los temas centrales del debate público en Colombia. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla han enfrentado variaciones en indicadores de homicidio, hurto y extorsión, lo que mantiene la presión ciudadana sobre las autoridades locales y nacionales. La propuesta del nuevo Gobierno llega en ese contexto, cuando las administraciones municipales diseñan sus propios planes de seguridad.
En Colombia, la seguridad urbana es competencia compartida. La Policía Nacional, adscrita al Ministerio de Defensa, tiene a su cargo la prevención y la reacción frente al delito. Las alcaldías, por su parte, lideran los consejos de seguridad y ejecutan políticas de convivencia. La anunciada articulación busca, al menos en la intención del presidente electo, alinear esas dos líneas de trabajo en una sola estrategia operativa.
La extorsión es uno de los fenómenos que más preocupa a comerciantes y transportadores en distintas regiones. El hurto a personas, en sus distintas modalidades, y los homicidios en zonas urbanas siguen siendo motivo de reclamos ciudadanos. Por eso, el Gobierno entrante eligió esos tres delitos como ejes visibles de su propuesta, con el fin de enviar una señal directa a los gremios productivos y a la opinión pública.
El llamado de De la Espriella a las ciudades implica que los mandatarios locales deberán evaluar su eventual adhesión al bloque de defensa. Hasta ahora no se han precisado los mecanismos de financiación, ni el tamaño del pie de fuerza adicional, ni los plazos de despliegue. Esos detalles serán determinantes para medir el alcance real de la iniciativa una vez arranque el nuevo Gobierno.
La reacción del público y de los expertos en seguridad será clave. Sectores que han pedido durante años mayor presencia institucional en los barrios, y voces que han advertido sobre los riesgos de enfoques exclusivamente represivos, estarán atentos al diseño final del bloque. Por ahora, el anuncio marca la línea de lo que será una de las prioridades de la administración que comienza.
Quedan varios asuntos por definir: la coordinación operativa entre la fuerza pública y las autoridades locales, los indicadores con los que se medirá el éxito de la estrategia y la manera como se financiarán los operativos. Las próximas semanas, con el empalme de Gobierno y los primeros nombramientos en las carteras de Defensa y del Interior, deberán empezar a llenar esos vacíos.