El presidente Abelardo de la Espriella firmó el Decreto 1368 del 8 de septiembre de 2026, mediante el cual su gobierno levanta la suspensión general que, desde hace años, impedía a los ciudadanos con permiso vigente ejercer el porte de sus armas de fuego sin tramitar una autorización especial adicional, según reportó El Expediente. Con esta decisión, quienes ya cuenten con un permiso expedido por la autoridad competente podrían volver a portar su arma sin gestionar un permiso extraordinario cada vez que lo necesiten.
El decreto representa el cumplimiento de una promesa formulada por De La Espriella durante la campaña presidencial. El Gobierno había enmarcado la suspensión como una restricción excepcional que limitaba el ejercicio de un derecho ya reconocido en el permiso, mientras que sectores afines al Ejecutivo defendían que levantar la medida devolvería a los ciudadanos la plena vigencia de sus autorizaciones. La oposición, en cambio, ha cuestionado este tipo de decisiones por considerar que pueden afectar la seguridad pública.
En Colombia, el permiso de porte de arma es regulado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y por las Fuerzas Militares, según el tipo de arma y la actividad del solicitante. Quienes obtienen este permiso deben cumplir requisitos como antecedentes judiciales limpios, capacitación en el manejo del arma y exámenes psicológicos, entre otros. Hasta ahora, la suspensión vigente obligaba a los portadores a solicitar autorizaciones adicionales para cada uso específico.
El Decreto 1368 modifica ese esquema al eliminar el requisito de la autorización complementaria. El texto del decreto y sus alcances técnicos deben ser revisados en detalle en los próximos días por la opinión pública y por los expertos en derecho constitucional y armamento, dado que el porte de armas en Colombia está regulado por normas que datan de décadas atrás y que han sido modificadas en distintas oportunidades.
La decisión llega en un contexto nacional marcado por discusiones recurrentes sobre seguridad ciudadana, índices de violencia y percepción de orden público. Diversos sectores han planteado que el endurecimiento de penas, el fortalecimiento institucional y las políticas de desarme voluntario han sido las rutas más recurrentes en las últimas décadas. Levantar la suspensión del porte con permiso vigente abre una ruta distinta, basada en la confianza en la capacidad regulatoria del Estado para entregar permisos.
Para los ciudadanos, el cambio más concreto es administrativo: quien posea un permiso vigente ya no tendría que pasar por un trámite adicional cada vez que necesite portar su arma en el marco autorizado por la licencia. Sin embargo, el decreto no elimina los demás controles existentes ni las causales de revocatoria del permiso, por lo que el porte seguirá condicionado al cumplimiento de los requisitos que dieron origen a la autorización.
Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción de la paz y el desarme han expresado en otras ocasiones su preocupación ante cualquier flexibilización del porte de armas. También se han escuchado voces del sector defensa que argumentan que un ciudadano armado bajo permiso puede actuar como un aliado en la prevención del delito. El decreto se inscribe, así, en un debate de larga data que divide a la opinión pública colombiana.
Quedan pendientes varios aspectos sobre la aplicación práctica del Decreto 1368, entre ellos los protocolos que deberán seguir las autoridades para verificar la vigencia de los permisos, la capacitación que se exigirá a los portadores y la forma en que se articulará la medida con las competencias de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. El Gobierno deberá expedir las reglamentaciones correspondientes para que la decisión se implemente de manera efectiva en todo el territorio nacional.