Según la agencia EFE, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció este jueves desde Bogotá un ultimátum dirigido a los grupos armados que hacen presencia en el departamento de Cundinamarca, en el centro del país. La declaración se produjo en un contexto de creciente preocupación por la actividad de estructuras ilegales en zonas cercanas a la capital.
De la Espriella concedió un plazo de «menos de una semana» para que los integrantes de esas organizaciones se sometan a la justicia de manera voluntaria. El anuncio fue presentado como una condición previa al inicio de su gobierno, lo que sitúa la advertencia en el tramo final de la transición presidencial.
El mensaje incluye una advertencia explícita: quienes no se acojan al plazo serán perseguidos por las Fuerzas Militares una vez el nuevo gobierno asuma sus funciones. La declaración reitera el papel central que la fuerza pública mantiene en la política de seguridad del Estado colombiano.
Cundinamarca, donde se ubica Bogotá, concentra históricamente una presencia diversa de grupos armados ilegales. A la región han llegado en los últimos años disidencias de las antiguas FARC, así como bandas dedicadas al narcotráfico y a la extorsión. Las autoridades han reportado permanentemente afectaciones en municipios del nororiente y sur del departamento.
La figura del sometimiento voluntario a la justicia ha sido utilizada en Colombia como mecanismo para que integrantes de estructuras ilegales obtengan beneficios jurídicos condicionados al abandono de las armas y a la entrega de información. Su aplicación depende de la articulación entre el gobierno nacional, la Fiscalía y los jueces competentes.
El anuncio se produce en un momento sensible para el orden público. Los gobiernos nacionales han mantenido en las últimas décadas una combinación de operaciones militares, diálogos condicionados y políticas de reparación a víctimas. La decisión de fijar un plazo tan corto puede modificar las expectativas de las organizaciones armadas sobre la postura del próximo Ejecutivo.
La advertencia de De la Espriella llega cuando el país sigue debatiendo el alcance de las estrategias de seguridad en regiones con economías legales, como la sabana de Bogotá y los municipios deprovincia, así como en zonas de tradición agrícola y turística en el centro del país. La cercanía con la capital aumenta la sensibilidad política de cualquier escalada de violencia.
Hasta el momento, la nota de EFE no recoge pronunciamientos oficiales de las organizaciones armadas señaladas. Tampoco se mencionan nombres específicos de los grupos aludidos ni cifras de combatientes o de presencia territorial. El gobierno electo deberá detallar la logística de la advertencia, los mecanismos de sometimiento ofrecidos y la coordinación con la Fiscalía y la rama judicial.
Lo que queda por verse es si el plazo fijado se traduce en entregas efectivas, en desplazamientos de las estructuras o en una respuesta armada. En cualquier caso, la declaración marca el tono con el que el próximo gobierno planea abordar uno de los desafíos más sensibles para la seguridad de los habitantes del centro de Colombia.