El presidente Abelardo de la Espriella rompió con la política migratoria que Colombia aplicó hacia los migrantes venezolanos durante más de diez años y dio luz verde a operativos policiales para localizar y expulsar, en primer lugar, a ciudadanos de ese país, según informó MUNDIARIO.
La orden, dirigida a la fuerza pública, marca el inicio de una nueva fase en el manejo del fenómeno migratorio en Colombia, un país que desde 2015 había mantenido una postura de regularización y atención a la población venezolana, incluyendo la expedición masiva del Estatuto Temporal de Protección.
Hasta ahora el extracto de la fuente no precisa el número de personas que serían objeto de las expulsiones, ni las ciudades donde arrancarán los operativos, ni el plazo estimado para ejecutarlos. Tampoco detalla si la medida contempla excepciones, cupos o algún tipo de filtro para casos como familias con menores o personas con solicitudes de protección internacional en trámite.
En el plano institucional, la decisión pone en juego la coordinación entre la Presidencia, la Policía Nacional, Migración Colombia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, entidades que históricamente han atendido los flujos migratorios por la frontera con Venezuela, una de las más activas de Suramérica.
Para la población colombiana, el impacto se daría en dos frentes. El primero, en las ciudades y municipios receptores de migrantes, donde el anuncio de operativos puede modificar la dinámica social, económica y laboral de barrios y sectores donde la población venezolana se ha asentado en los últimos años. El segundo, en los servicios públicos y en la atención humanitaria, que hasta ahora operaban bajo un esquema de integración.
En el frente diplomático, un viraje de esta naturaleza suele tensionar la relación bilateral con Venezuela y reabre el debate regional sobre el Pacto de Bogotá de 2024, los acuerdos migratorios andinos y los compromisos en materia de derechos humanos asumidos por Colombia ante organismos internacionales.
Organizaciones de la sociedad civil y agencias de la ONU han expresado en otras ocasiones preocupación por las repatriaciones sin debido proceso. La comunidad internacional, en particular los países receptores de la migración colombiana en los últimos años, seguirá de cerca la implementación de la medida.
Por ahora, el Gobierno nacional debe expedir los lineamientos operativos, definir los criterios para identificar a las personas sujetas a expulsión y establecer los protocolos de retorno, que incluyen desde el apoyo consular hasta las condiciones logísticas en la frontera. La fuente consultada no detalla cómo se articularán esos pasos.
Quedan pendientes la publicación del decreto presidencial con los alcances del programa, los acuerdos logísticos con Venezuela y los reportes oficiales sobre el número de efectivos desplegados y los puntos de control habilitados en las principales ciudades del país.