El presidente electo Abelardo de la Espriella declaró este viernes a “Bendito Menor” como objetivo militar de su administración, según informó El Colombiano. La figura implica que las Fuerzas Armadas podrán ejecutar operaciones ofensivas directas contra este cabecilla y su estructura criminal, con el propósito de neutralizarlo.
Con “Bendito Menor” ya son tres los líderes de organizaciones ilegales señalados en apenas 48 horas por el presidente electo. La sucesión de anuncios muestra una línea de mano firme contra las estructuras armadas que delinquen en distintas regiones del país.
En Colombia, la categoría de “objetivo militar” se usa de manera formal en el marco del Derecho Internacional Humanitario para identificar combatientes de grupos armados organizados. Cuando un presidente electo emplea esa expresión en público, suele interpretarse como una directriz política de máxima prioridad para la fuerza pública que asumirá el mando.
El uso reiterado de esta figura en pocos días marca una ruptura con el lenguaje diplomático que suele acompañar los anuncios de seguridad en períodos de transición. Las declaraciones se producen cuando el país atraviesa una seguidilla de hechos violentos en varias regiones y crece la presión ciudadana por resultados en materia de orden público.
Para los ciudadanos, el anuncio tiene efectos prácticos en las zonas donde opera la estructura de “Bendito Menor”. Las comunidades que conviven con esa organización suelen quedar en medio de los operativos militares y suelen sufrir restricciones de movilidad, riesgos de confinamiento y reclutamiento de menores.
Organizaciones de derechos humanos suelen recordar que toda operación militar debe respetar el Derecho Internacional Humanitario, la proporcionalidad y la distinción entre combatientes y población civil. El gobierno entrante deberá demostrar que sus directivas se enmarcan en esos principios.
Desde la academia y el sector defensa se advierte que los objetivos militares de alto valor requieren inteligencia sostenida, coordinación interinstitucional y capacidades operativas. Declarar públicamente a un cabecilla puede alterar las líneas de mando del grupo y empujarlo a reacciones violentas en el corto plazo.
El sector político sigue de cerca los anuncios del presidente electo porque delinean la política de seguridad que aplicará desde el 7 de agosto. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los ministerios de Defensa y del Interior serán los primeros ejecutores de esa directriz.
Queda por verse cómo se traducen estas declaraciones en un plan operativo una vez De la Espriella asuma la Presidencia. La ciudadanía espera conocer los plazos, las regiones priorizadas y los indicadores con los que se medirá el avance de la nueva estrategia.
Por ahora, la declaración añade presión sobre el proceso de empalme con el gobierno saliente. Los equipos de transición trabajan en los planes de seguridad que presentará el nuevo gabinete en las primeras semanas de mandato.