El presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto de emergencia económica, social y ecológica como respuesta al terremoto que sacudió varias regiones del país, según informó el portal Aldía.co. La declaratoria tendrá una duración inicial de 30 días, prorrogables según la evolución de la emergencia.
La figura de la emergencia económica está contemplada en la legislación colombiana como un instrumento para que el Ejecutivo pueda tomar decisiones rápidas frente a situaciones de calamidad. Con ella, el Gobierno busca concentrar recursos, agilizar contratos y reasignar partidas presupuestales sin necesidad de pasar por todos los trámites ordinarios.
Según la fuente, el propósito central del decreto es dotar a la administración de herramientas extraordinarias que permitan atender a los damnificados y reconstruir la infraestructura dañada por el sismo. Esa reconstrucción incluye vivienda, vías, acueductos, hospitales y colegios, que suelen ser los más golpeados tras un movimiento telúrico de gran magnitud.
El anuncio llega en un momento en el que las autoridades nacionales y los organismos de atención de desastres se encuentran desplegados en las zonas afectadas. El decreto permitirá, entre otras cosas, habilitar partidas presupuestales adicionales y suscribir convenios interadministrativos con mayor velocidad.
La declaratoria también facilita la llegada de ayuda internacional si las autoridades lo consideran necesario, un mecanismo que Colombia ha activado en otras emergencias de gran escala. Hasta el momento, el Gobierno no ha detallado públicamente el monto total de los recursos que se movilizarán bajo esta figura.
Para los ciudadanos, los efectos prácticos se traducen en una respuesta más rápida del Estado en los municipios y departamentos golpeados por el sismo. Las alcaldías y gobernaciones podrán articularse con el nivel central mediante canales expeditos para atender a las familias que perdieron sus viviendas o sus fuentes de ingreso.
El decreto se enmarca en la respuesta institucional al terremoto y se suma a las acciones que venía adelantando la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, en coordinación con las Fuerzas Armadas y los cuerpos de bomberos. La declaratoria no suspende funciones de las entidades, pero sí les da prioridad a las tareas de atención y reconstrucción.
Desde el punto de vista fiscal, la activación de la emergencia habilita al Gobierno a reorientar rubros del Presupuesto General de la Nación hacia la atención de la crisis. También abre la puerta a créditos con entidades multilaterales y a donaciones, siempre bajo el seguimiento de los organismos de control.
La fuente señala que en los próximos días se conocerán los decretos reglamentarios y las resoluciones que aterrizarán las medidas específicas. Mientras tanto, el equipo de Gobierno trabaja en el censo de damnificados y en la evaluación técnica de los daños para dimensionar el costo total de la reconstrucción.
La declaratoria inicial de 30 días funcionará como una primera fase de respuesta. Si la magnitud de los daños lo exige, el Gobierno podrá prorrogar el estado de excepción económica y social, una decisión que según la Constitución debe estar acompañada de reportes periódicos al Congreso.