El presidente Abelardo de la Espriella reveló los lineamientos de lo que su Gobierno considera la primera fase del plan de choque para el sistema de salud. El anuncio se produjo al cierre de un consejo de ministros, según reportó El Colombiano, y marca el primer movimiento formal de la administración en uno de los sectores más sensibles para la población.
La pieza central de esta etapa es la compra de cartera a las Entidades Promotoras de Salud. Se trata de un mecanismo mediante el cual el Estado adquiere las deudas que las EPS tienen con hospitales, clínicas y proveedores, con el propósito de inyectar liquidez a la red de prestadores y destrabar pagos que, en muchos casos, llevan meses o años represados.
De la Espriella fue enfático en aclarar que la operación no equivale a un cheque en blanco. La frase, recogida por El Colombiano, apunta a una preocupación recurrente en debates anteriores sobre el uso de recursos públicos para sanear deudas del sector: que la compra de cartera termine beneficiando a actores con malos manejos financieros, en lugar de garantizar atención a los usuarios.
El sistema de salud colombiano atraviesa desde hace varios años una crisis de liquidez que ha golpeado a hospitales públicos y privados. Las deudas acumuladas entre EPS, prestadores y el Estado han generado retrasos en pagos a trabajadores, cierres temporales de servicios y tutelas por la negación de procedimientos. Cualquier intervención sobre la cartera apunta directamente a ese nudo.
Para los ciudadanos, el eventual impacto se mide en dos frentes. El primero es la continuidad y oportunidad de los servicios: si la red de prestadores recupera flujo de caja, mejora la capacidad de atender consultas, cirugías y suministro de medicamentos. El segundo es la sostenibilidad de las EPS intervenidas o en riesgo, cuya salida abrupta dejaría millones de afiliados sin asegurador.
El anuncio llega en medio de una creciente expectativa sobre el rumbo que el nuevo Gobierno imprimiría al sistema. Desde el sector salud se venía pidiendo una señal clara sobre cómo se ordenarían las finanzas del sector y qué papel tendrían los distintos actores. La mención a un plan por fases sugiere que la administración prefiere desplegar las medidas de forma escalonada, evaluando resultados antes de pasar a etapas posteriores.
El Colombiano no detalla en el extracto publicado los montos, los plazos ni las EPS inicialmente incluidas en la compra de cartera. Tampoco se conocen, por ahora, las condiciones específicas que el Gobierno impondría para evitar que la operación funcione como un salvavidas indiscriminado, ni el origen de los recursos que se usarían para financiarla.
Quedan pendientes varios puntos por definir en los próximos días: el decreto o marco normativo que habilitará la operación, la lista de acreedores y deudores priorizados, y los indicadores con los que el Gobierno medirá el avance del plan. La ciudadanía y el sector prestador estarán atentos a esos desarrollos, porque de ellos depende si la primera fase se traduce en mejoras concretas en la atención.