El presidente electo Abelardo de la Espriella se refirió de manera directa a la desobediencia civil en una reciente declaración pública, recogida por el diario El Heraldo. En sus palabras, ese tipo de acciones tendrían como propósito, a su juicio, desestabilizar la democracia colombiana.
El llamado central del mensaje fue un exhorto a la población: pidió no seguir legalizando lo que él mismo describió como "lo incorrecto, lo ilegal, lo torcido". La frase se convirtió en el eje de su intervención y resume la postura del próximo gobierno frente a formas de protesta que desbordan los cauces institucionales.
La desobediencia civil es una figura que distintas corrientes políticas y sociales han usado a lo largo de la historia del país como método de presión sobre decisiones del Estado. Su valoración jurídica depende del contexto, de los límites fijados por la ley y de las garantías de protesta que consagra la Constitución.
Para De la Espriella, según lo publicado por El Heraldo, esa clase de prácticas no se enmarcan en el ejercicio legítimo de la protesta, sino que buscan un efecto contrario: afectar la estabilidad de las instituciones democráticas. Esa lectura marca el tono con el que el gobierno entrante planea relacionarse con sectores que apelan a la desobediencia.
El pronunciamiento ocurre en una etapa de transición, cuando el equipo del presidente electo empieza a fijar los lineamientos que buscará aplicar a partir de su posesión. En ese escenario, las declaraciones sobre orden público y protesta suelen anticipar el enfoque de seguridad y el tipo de diálogo que se abrirá con distintos sectores sociales.
En la práctica, la posición del nuevo gobierno frente a la desobediencia civil puede tener efectos sobre movimientos cívicos, organizaciones indígenas, estudiantiles y sindicales que en diversas coyunturas han recurrido a paros, cierres de vías o bloqueos como forma de presión. Esos grupos suelen encuadrar sus acciones dentro del derecho a la protesta.
Sectores defensores de derechos humanos y constitucionalistas recuerdan que la Corte Constitucional ha diferenciado históricamente entre la protesta social, amparada por la Carta, y las conductas violentas que exceden ese marco. El reto, en cada caso, es distinguir los hechos y aplicar las reglas sin criminalizar la movilización pacífica.
Falta conocer los detalles concretos de cómo el gobierno que asumirá la presidencia piensa traducir estas declaraciones en políticas públicas. Por ahora, la intervención deja una señal clara sobre la postura del Ejecutivo entrante: habrá un rechazo explícito a las vías de hecho, según recoge El Heraldo en su publicación.
El artículo de El Heraldo consigna de manera textual las palabras del presidente electo y las presenta como la posición oficial de quien asumirá la primera magistratura del país. La ciudadanía queda a la espera de los desarrollos legislativos y operativos que acompañen este discurso en los próximos meses.