El presidente Abelardo de la Espriella aseguró este martes que su antecesor, Gustavo Petro, estaría ejecutando junto con el senador Iván Cepeda lo que calificó como un plan B para permanecer en el poder. La declaración fue recogida por Deutsche Welle en una jornada marcada por la transición presidencial en Colombia.
De la Espriella sostuvo que tanto Petro como Cepeda empezaron ese plan con el fin de quedarse a como diera lugar en la presidencia, una acusación que el nuevo gobernante extendió de forma pública a través de sus declaraciones a la prensa internacional.
Como parte de su respuesta, el jefe de Estado solicitó a las fuerzas armadas no acatar ninguna orden emitida por el saliente presidente. El pedido fue interpretado como un llamado directo a la cadena de mando militar para subordinar cualquier instrucción de Petro a la nueva administración.
El trasfondo de la controversia se sitúa en el proceso de empalme entre el gobierno saliente y el entrante, una etapa en la que suelen producirse tensiones por el manejo de información, decisiones de último momento y la transición de mando en ministerios y entidades del Estado.
Colombia vive sus primeros días bajo una nueva administración después del cambio de mando. En ese contexto, la Fuerza Pública enfrenta el reto de recibir instrucciones claras, y cualquier pronunciamiento presidencial sobre la obediencia a órdenes tiene peso sobre la disciplina militar y el orden institucional.
La acusación de un golpe de Estado no es un tema menor en la vida institucional del país. En la historia reciente de Colombia, las Fuerzas Armadas han operado bajo el principio de subordinación al poder civil legalmente constituido, y las controversias sobre la legitimidad de las órdenes suelen dirimirse en los canales de mando.
Desde el lado de la oposición y de sectores afines al gobierno saliente, no se conocía hasta ahora una réplica pública a las declaraciones de De la Espriella. Petro y Cepeda no se habían pronunciado sobre el particular en el momento de la publicación de la información por Deutsche Welle.
En materia de implicaciones ciudadanas, los analistas suelen recordar que cualquier ruptura en la cadena de mando afecta la percepción de estabilidad institucional, la confianza inversionista y la credibilidad internacional del Estado colombiano ante organismos multilaterales y aliados estratégicos.
Queda por verse si el gobierno entrante formalizará la denuncia ante instancias judiciales, si la Fiscalía abrirá investigación y si las fuerzas armadas emitirán un comunicado sobre la instrucción presidencial. La jornada de empalme seguirá bajo la lupa de medios y ciudadanos.