El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció el 19 de agosto de 2026 sobre la respuesta del sistema asegurador frente a los daños dejados por el reciente terremoto. Según Infobae, el mandatario fijó un plazo concreto para que las compañías de seguros respondan a los reclamos de los afectados.
De la Espriella fue directo en su mensaje: “Todos los asegurados deberán recibir atención adecuada, oportuna y digna”. La frase resume el principio que, según dijo, debe guiar la actuación de las aseguradoras en medio de la emergencia.
El anuncio incluye un criterio de priorización por estratos socioeconómicos. Esa variable busca ordenar la entrega de respuestas y recursos en un contexto donde la demanda de indemnizaciones y reparaciones suele multiplicarse tras un desastre natural.
La decisión pone a las aseguradoras en el centro de la etapa posterior al siniestro. En Colombia, estas empresas tienen la obligación contractual de cubrir los riesgos asegurados, y en eventos catastróficos el volumen de solicitudes se concentra en pocas semanas.
El presidente no entregó mayores detalles técnicos sobre el plazo ni sobre los mecanismos de fiscalización. Quedó pendiente cómo se verificará el cumplimiento y qué sanciones podrían aplicarse a las aseguradoras que no respondan dentro del término fijado.
Para los ciudadanos, la medida apunta a dos frentes. Primero, garantizar que quienes pagaron pólizas reciban respuesta sin trabas burocráticas. Segundo, proteger a las familias más vulnerables, que suelen depender más de las indemnizaciones para reconstruir sus viviendas y reanudar su vida productiva.
La priorización por estratos también refleja el tamaño del siniestro. En terremotos, las pérdidas afectan tanto a hogares como a comercios e infraestructura, y la capacidad de respuesta del sector financiero se pone a prueba.
Expertos en gestión del riesgo han señalado en otras emergencias que la diferencia entre una recuperación rápida y una lenta depende, en buena medida, de la agilidad de las aseguradoras. El anuncio presidencial busca, según el gobierno, que esa agilidad sea una obligación y no una opción.
Quedan varios interrogantes abiertos. No se conoce aún el plazo exacto en días o semanas, ni el alcance geográfico de la priorización por estratos, ni si la Superintendencia Financiera asumirá un rol activo en el seguimiento de los casos. La ciudadanía espera que esos detalles se aclaren en los próximos días.