El Gobierno colombiano puso fin a la suspensión general del porte de armas de fuego que se encontraba vigente desde 2015, según informó el Ejecutivo en una decisión que modifica de forma inmediata las condiciones para la tenencia y el porte de armas en el país. La medida fue comunicada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella y aparece reseñada por el portal Mundiario.
La suspensión general del porte de armas había sido adoptada hace una década como parte de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y las FARC. Aquella decisión buscaba restringir el acceso a armas de fuego en el espacio público y quedó recogida en distintos decretos y resoluciones expedidos durante los gobiernos posteriores, en el marco del proceso de desarme y desmovilización.
Con la derogación de esa suspensión, el porte de armas vuelve a regirse por las reglas ordinarias contempladas en el Estatuto para la Defensa y la Seguridad Ciudadana, lo que en la práctica implica que los ciudadanos que cumplan los requisitos legales pueden solicitar los respectivos permisos ante la autoridad competente.
La decisión reabrió un debate nacional sobre el equilibrio entre el derecho a la defensa personal y el control estatal sobre las armas de fuego. Sectores defensores de la medida argumentan que restringir el porte desincentiva la violencia y el porte ilegal, mientras que quienes la cuestionan señalan que limita la posibilidad de defensa legítima de los ciudadanos.
Organizaciones civiles y expertos en seguridad consultados en distintas ocasiones han planteado que la suspensión general no eliminó la circulación de armas ilegales en el país, sino que concentró su porte en manos de grupos armados y estructuras criminales. Ese argumento ha sido esgrimido tanto por quienes piden levantar la restricción como por quienes defienden mantenerla y fortalecer los controles.
El levantamiento de la suspensión general no significa una libre portación de armas. Las personas naturales y jurídicas deberán seguir tramitando los permisos ante las autoridades competentes, acreditar los requisitos legales y someterse a los controles vigentes, incluida la verificación de antecedentes.
La decisión se conoce en un contexto de discusión pública sobre la política de seguridad del nuevo gobierno. El Ejecutivo ha enmarcado la medida en su intención de modificar la política de orden público y ajustar el marco regulatorio heredado del proceso de paz con las FARC.
Organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas han pedido al Gobierno aclarar el alcance exacto del decreto, los mecanismos de fiscalización que acompañarán la medida y los indicadores con los que se evaluará su impacto en la seguridad y en los índices de violencia. También han solicitado que se refuerce la supervisión sobre armas legales e ilegales.
Queda por verse cómo se traducirá la decisión en la práctica diaria para los ciudadanos, cómo reaccionarán las autoridades territoriales y si la derogación irá acompañada de nuevas normas que modifiquen los requisitos de porte, los calibres permitidos o los criterios para negar los permisos solicitados por los particulares.