Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, aseguró que al iniciar su mandato pondrá fin a la actual política de diálogos con grupos armados. El anuncio marca un cambio de rumbo en la estrategia que el Estado venía aplicando para manejar los conflictos con organizaciones ilegales. La decisión fue reportada por Teleamazonas.
Como consecuencia directa de ese giro, de la Espriella confirmó la eliminación de la Consejería Presidencial de Paz, la oficina del Gobierno nacional que coordina los acercamientos y las mesas de conversación con esos grupos. La consejería es una dependencia de la Presidencia creada para articular la política de paz con ministerios como Defensa, Interior y Justicia.
En Colombia, los diálogos con grupos armados han sido una herramienta central de la política de seguridad durante décadas. La Consejería de Paz ha sido la encargada de representar al Gobierno en las mesas de negociación, de gestionar los acuerdos firmados y de mantener los contactos con organizaciones alzadas en armas. Su supresión implica que esa función dejará de existir como oficina presidencial autónoma.
La decisión se inscribe en el debate nacional sobre qué estrategia resulta más eficaz frente a los grupos armados: la negociación política o la vía militar y judicial. De la Espriella ya había expresado durante su campaña su rechazo a los diálogos como mecanismo principal. Con este anuncio, esa posición se concreta en una medida administrativa concreta: suprimir el cargo que los encabezaba.
Para la ciudadanía, el cambio tiene efectos prácticos. Si la consejería desaparece, las tareas que hoy realiza deberán ser reasignadas a otra entidad o simplemente dejar de ejecutarse. Eso incluye el seguimiento a eventuales acuerdos vigentes, la interlocución con estructuras armadas activas y la coordinación interinstitucional en zonas afectadas por el conflicto.
El anuncio también genera incertidumbre sobre los procesos de diálogo que estuvieran en curso al momento del cambio de gobierno. Aunque la fuente no detalla cuáles son, cualquier mesa activa depende en gran medida de la Consejería de Paz para funcionar. Su eliminación abre la pregunta de qué dependencia asumirá ese papel y bajo qué reglas operará.
Sectores que han apoyado los diálogos con grupos armados, así como organizaciones internacionales que acompañan esos procesos, suelen considerar la consejería como una instancia clave de articulación. Su eliminación, por tanto, podría ser leída como una señal de cierre de la puerta a la negociación y de tránsito hacia otro tipo de estrategia basada en la fuerza pública y la justicia.
Dentro del propio Gobierno saliente, el anuncio representa un punto de inflexión. La consejería fue uno de los pilares de la política de paz de la administración anterior, por lo que su supresión significa desmontar no solo un cargo, sino una línea de trabajo institucional con recursos, equipo y presencia territorial.
Queda pendiente conocer los detalles del decreto con el que de la Espriella formalizará la eliminación de la consejería y cómo se reorganizarán las funciones que esta cumplía. También está por verse si el nuevo gobierno abrirá algún otro canal distinto de interlocución con los grupos armados o si, como anunció, cerrará por completo esa vía.
Teleamazonas fue la fuente que reportó el anuncio. Las reacciones oficiales de otros poderes del Estado, de los partidos políticos y de las organizaciones armadas todavía no se conocieron al momento de la publicación de esta nota.