El presidente Abelardo de la Espriella emitió una directiva para facilitar el proceso liquidatorio del Ministerio de la Igualdad. La orden está dirigida a las entidades involucradas en el cierre del ministerio y busca remover los obstáculos administrativos que han ralentizado la transición.
El proceso liquidatorio está a cargo de Jhon Milton Rodríguez, quien fue viceministro del Interior durante el gobierno de Iván Duque y asumió la responsabilidad de liderar el cierre de la entidad. Rodríguez ha sido la cara visible del proceso desde que el Ministerio de la Igualdad dejó de funcionar como cartera activa.
El Ministerio de la Igualdad fue creado en 2023 durante el gobierno de Gustavo Petro, con la misión de reducir la pobreza extrema y cerrar las brechas de desigualdad entre regiones y poblaciones vulnerables. La cartera tuvo una existencia breve antes de que el nuevo gobierno decidiera su liquidación.
La liquidación de una entidad de esa magnitud implica un trabajo administrativo extenso: levantar el inventario de bienes, cancelar contratos, liquidar nóminas, responder por los programas en ejecución y transferir las funciones residuales a otras entidades del Estado. Cada uno de esos pasos requiere decisiones formales y, con frecuencia, recursos técnicos y jurídicos especializados.
El Ministerio de la Igualdad estuvo en el centro del debate político desde su creación, tanto por la velocidad con que se tramitó su nacimiento como por las dudas sobre su estructura y sostenibilidad financiera. Tras el cambio de gobierno, la decisión de cerrarlo se concretó como parte del ajuste del aparato estatal.
La directiva presidencial busca, según lo informado, que las entidades del Gobierno Nacional colaboren con Rodríguez en la entrega de información, la firma de documentos y la agilización de los trámites necesarios. Sin esa cooperación interinstitucional, los procesos de liquidación suelen estancarse durante meses o incluso años.
Para los ciudadanos, el cierre ordenado del ministerio tiene implicaciones concretas: los programas sociales que estaban a su cargo deben reubicarse en otras entidades, los funcionarios deben ser reasignados o desvinculados, y los compromisos adquiridos con contratistas y beneficiarios deben resolverse antes de que la entidad desaparezca jurídicamente.
Por ahora se desconocen los plazos exactos que el gobierno se ha fijado para concluir la liquidación, aunque el envío de una directiva presidencial sugiere que el tema se considera prioritario. Rodríguez tendrá que reportar los avances del proceso mientras las demás entidades facilitan el acceso a la información requerida.