El presidente Abelardo de la Espriella visitó Pereira y desde allí endureció su mensaje contra las estructuras criminales que delinquen en distintas regiones del país. Según reportó La FM, el mandatario aseguró que su Gobierno sostendrá una ofensiva en materia de seguridad mientras avanza en la construcción del Plan de Desarrollo.
De La Espriella planteó una doble estrategia: por un lado, mantener la presión operativa contra los grupos armados organizados; por el otro, competir con ellos en el terreno político y electoral. Esa segunda línea quedó sintetizada en su advertencia de que también piensa derrotarlos en las urnas, una frase que amplía el alcance de la política de seguridad más allá de la fuerza pública.
El pronunciamiento se da en un momento en el que el Ejecutivo trabaja en la formulación del Plan de Desarrollo, el instrumento que define los objetivos del Gobierno para el cuatrienio. Vincular la seguridad con ese plan implica que las metas en la materia harán parte de las prioridades de inversión y de gestión ministerial, aunque los detalles del articulado aún están en construcción.
La seguridad ha sido uno de los temas centrales de la actual administración, en línea con la preocupación ciudadana que suele encabezar las encuestas. Las autoridades nacionales han reiterado en distintas ocasiones que la lucha contra el crimen organizado requiere articulación entre Fuerzas Militares, Policía y la rama judicial, un frente en el que el Gobierno ha prometido resultados concretos.
Para Pereira y el eje cafetero, las declaraciones del presidente tienen una lectura local. La región ha enfrentado en los últimos años hechos de violencia asociados a disputas entre grupos armados por el control de economías ilegales, por lo que cualquier endurecimiento de la política nacional suele generar expectativa entre gobernadores, alcaldes y líderes comunitarios sobre el tipo de operaciones que llegarán al territorio.
El mensaje político de 'derrotarlos en las urnas' introduce un componente distinto al de la confrontación armada. Implica que el Gobierno busca disputarle a las estructuras criminales el apoyo social en zonas donde han ganado terreno, un objetivo que demanda presencia estatal en servicios básicos, justicia y oportunidades económicas, según han planteado diversos analistas del sector defensa.
La ofensiva anunciada por De La Espriella se suma a los compromisos que el Ejecutivo ha reiterado frente a la opinión pública: reducción de indicadores de violencia, capturas de cabecillas de organizaciones criminales y articulación con la Fiscalía y la Judicatura. Hasta ahora no se conocieron cifras puntuales derivadas de la visita a Pereira, más allá de las declaraciones del propio presidente recogidas por La FM.
Quedan varios elementos por definir en las próximas semanas. El primero es el contenido específico del capítulo de seguridad dentro del Plan de Desarrollo. El segundo, las metas medibles que el Gobierno se trace para evaluar el avance de la ofensiva. El tercero, la manera en que la promesa electoral se traducirá en acciones concretas en los municipios más afectados por la presencia de grupos armados.