El presidente Abelardo de la Espriella entregó un balance de la Operación AMÓN, ejecutada por la Fuerza Pública contra las disidencias de Calarcá en el departamento de Guaviare. De acuerdo con la información oficial, la acción dejó ocho personas dadas de baja, según reportó La FM.
La operación combinó un bombardeo de precisión con el posterior despliegue de comandos en tierra, una modalidad de intervención que las Fuerzas Militares colombianas han utilizado en distintas operaciones contra estructuras armadas organizadas en zonas rurales de difícil acceso. El departamento de Guaviare, históricamente afectado por la presencia de grupos armados ilegales, ha sido escenario recurrente de este tipo de operativos.
Las disidencias de Calarcá corresponden a una facción que se separó de las antiguas FARC tras el proceso de paz y que mantiene presencia en varias regiones del país, incluyendo zonas del suroriente colombiano. Su actividad incluye el narcotráfico, la minería ilegal y el reclutamiento de menores, delitos que han sido reiteradamente señalados por las autoridades.
El anuncio presidencial se enmarca en la estrategia de seguridad del gobierno nacional, que ha priorizado la ofensiva militar contra los grupos armados que no se acogieron a los acuerdos de paz. La Fuerza Pública ha intensificado operaciones en departamentos como Guaviare, Caquetá y Meta, donde convergen la presencia de disidencias, ELN y otras organizaciones criminales.
Para la ciudadanía del Guaviare, este tipo de operaciones tiene un impacto directo en la seguridad de las comunidades que habitan municipios afectados por la disputa territorial. Las comunidades campesinas e indígenas de la región han sido históricamente las principales víctimas de enfrentamientos, desplazamientos forzados y restricciones a la movilidad impuestas por los actores armados.
El bombardeo de precisión, técnica empleada con mayor frecuencia en los últimos años, busca reducir el riesgo de víctimas civiles al atacar objetivos previamente verificados con inteligencia militar. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado los efectos colaterales de este método y han pedido mayores garantías para la población civil en las zonas de operaciones.
Las reacciones políticas a este tipo de operativos suelen dividirse entre quienes respaldan la ofensiva militar como mecanismo de protección y quienes piden estrategias integrales que combatan las economías ilegales que financian a estos grupos. En todo caso, el reporte oficial de bajas en la Operación AMÓN se suma a la lista de resultados divulgados por el gobierno en su lucha contra las disidencias.
Queda pendiente el seguimiento a las investigaciones sobre posibles afectaciones a civiles, el avance de las operaciones complementarias en la región y la implementación de políticas de seguridad que acompañen la acción militar con presencia institucional en los territorios más golpeados por el conflicto armado.
La información sobre el balance de la Operación AMÓN fue divulgada por La FM y corresponde al reporte oficial entregado por el presidente De la Espriella a la opinión pública.