El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, firmó en la noche del 11 de agosto el decreto que declara la situación de desastre nacional en Colombia, como consecuencia del terremoto que afectó al país, según reportó Portafolio.co. Con esta decisión, el Gobierno Nacional busca activar de manera inmediata los mecanismos administrativos y presupuestales previstos en la ley para este tipo de contingencias.
La declaratoria de desastre nacional es una figura contemplada en el ordenamiento jurídico colombiano para situaciones en las que una calamidad supera la capacidad de respuesta de las entidades territoriales. Una vez expedida, permite al Ejecutivo concentrar decisiones, agilizar el uso de recursos públicos y coordinar la atención con las gobernaciones y alcaldías afectadas, dentro del marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Entre las facultades que se activan con esta figura se encuentran la posibilidad de reasignar partidas presupuestales, decretar medidas temporales en sectores como vivienda, salud, infraestructura y servicios públicos, y disponer del apoyo de la Fuerza Pública para las labores de rescate y asistencia. También facilita la contratación directa de obras y suministros necesarios para la atención de los damnificados, sin necesidad de pasar por los procesos ordinarios de selección.
El decreto se firma en un momento en el que el país evalúa los daños materiales y humanos provocados por el movimiento telúrico. Hasta el momento, el reporte de Portafolio.co no detalla cifras de víctimas, municipios comprometidos ni magnitud exacta del sismo, datos que se esperan sean precisados en las próximas horas por las autoridades de gestión del riesgo y por el Servicio Geológico Colombiano.
La figura de desastre nacional no es nueva en la historia reciente de Colombia. Ha sido utilizada en otras oportunidades para atender emergencias asociadas a fenómenos naturales, como la ola invernal de 2010 y 2011, que dejó amplias zonas inundadas en varias regiones del país. Su activación suele ir acompañada de la creación de fondos especiales para la reconstrucción y de mecanismos de coordinación con organismos internacionales de cooperación.
Desde el punto de vista institucional, la declaratoria sitúa a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como entidad articuladora de las acciones del Gobierno. A ella se suman los ministerios sectoriales, las entidades territoriales y los cuerpos de socorro, que trabajan bajo lineamientos del presidente y de su equipo de gobierno durante la fase de atención y recuperación.
Para la ciudadanía, la consecuencia más visible es la agilización de la ayuda en zonas afectadas. Las familias damnificadas pueden esperar una respuesta más rápida en términos de albergues, alimentación, asistencia médica y, en una etapa posterior, programas de reconstrucción de viviendas y reparación de infraestructura vial y de servicios públicos. La declaratoria también suele traducirse en alivios tributarios y administrativos para los municipios golpeados por la emergencia.
Quedan pendientes por conocer los alcances específicos del decreto firmado por el presidente de la Espriella, los plazos de la declaratoria y los montos que se destinarán a la atención. Portafolio.co señala que su publicación permitirá conocer en detalle las facultades extraordinarias que adquiere el Gobierno para gestionar las consecuencias del terremoto en Colombia.
El país sigue a la espera del balance oficial de daños y de las primeras acciones en terreno que se deriven del decreto. Mientras tanto, las recomendaciones de las autoridades se concentran en mantener la calma, atender los reportes de las entidades oficiales y evitar la propagación de información no verificada sobre el sismo y sus efectos.