El presidente Abelardo de La Espriella firmó un decreto mediante el cual se levanta la suspensión que pesaba sobre los permisos individuales para el porte de armas de fuego en Colombia. La decisión quedó consignada en una norma que, según reportó Portafolio.co, restablece la vigencia de esos permisos sin prescindir de los controles y las restricciones que establece la ley.
El porte de armas de fuego en Colombia está regulado por el Estatuto para la Conservación y Protección del Patrimonio Público y el Orden Público, que asigna a la fuerza pública y a las autoridades competentes la tarea de expedir, vigilar y, cuando corresponde, suspender los permisos. A lo largo de las últimas décadas, distintos gobiernos nacionales han utilizado la figura de la suspensión temporal como herramienta para enfrentar coyunturas de orden público o picos de violencia.
Con la firma del nuevo decreto, los ciudadanos que tramitaron su permiso de porte ante las autoridades competentes vuelven a tenerlo activo, siempre que no exista alguna causal de suspensión particular. La norma, sin embargo, no elimina los filtros existentes: requisitos de idoneidad, antecedentes, evaluaciones psicológicas y demás exigencias que contempla la legislación siguen aplicando, según se desprende del extracto publicado por Portafolio.co.
La decisión tiene implicaciones directas para los tenedores legales de armas de fuego, quienes durante el periodo de suspensión debieron atenerse de manera estricta a las restricciones vigentes. Para el conjunto de la ciudadanía, el levantamiento de la suspensión reabre la posibilidad de que más personas, tras cumplir los trámites, circulen con armas amparadas por un permiso, en un país donde el control de la tenencia ha sido motivo de debate recurrentes entre defensores de derechos, expertos en seguridad y organizaciones civiles.
En materia de seguridad, el decreto ocurre en un contexto en el que el porte legal coexiste con altos índices de armas de fuego en circulación sin permiso, un fenómeno que las autoridades han intentado atender con operativos de control, decomisos y campañas de desarme voluntario. Expertos en política de seguridad suelen señalar que el volumen de armas ilegales supera con creces el de armas con permiso, por lo que cualquier modificación en la normativa sobre porte es observada de cerca por quienes estudian el impacto sobre la violencia.
El decreto también reabre el debate sobre el equilibrio entre el derecho a la defensa personal y el deber del Estado de garantizar la seguridad colectiva. Sectores ciudadanos han reclamado en distintas ocasiones mayor rigor en los controles, mientras que otros han pedido procedimientos más ágiles para la renovación de permisos. La norma firmada por De La Espriella se ubica en ese punto de tensión, al reactivar los permisos sin modificar, según el extracto, los controles legales preexistentes.
Queda por verse cómo se traducirá en la práctica la decisión para las personas que tenían permisos suspendidos y para quienes estén tramitando uno nuevo. Las autoridades competentes serán las encargadas de aplicar los criterios vigentes y de resolver los casos individuales, en un marco que la propia norma preserva al mantener intactas las restricciones legales, según lo publicado por Portafolio.co.