El Gobierno de Abelardo de La Espriella modificó las reglas que durante años mantuvieron suspendidos de manera general los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia. La decisión quedó formalizada mediante decreto, según reportó Diario del Norte.
Durante décadas, el Estado colombiano mantuvo una línea restrictiva frente al porte de armas de fuego. Los permisos individuales se otorgaban con criterios limitados y el acceso ciudadano a armas portátiles estuvo fuertemente regulado, en parte por el contexto de conflicto armado interno y por los niveles de violencia con armas de fuego.
El decreto firmado por el presidente De La Espriella altera ese marco general. La normativa establece nuevas condiciones para los permisos de porte, aunque los detalles completos sobre requisitos, excepciones y plazos se conocerán en el texto oficial publicado por el Gobierno.
La medida llega en un momento en el que la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Las tasas de homicidio y los hechos violentos con armas de fuego mantienen una presión constante sobre las autoridades nacionales y regionales.
Desde el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional se ha planteado en distintas oportunidades que el control efectivo de las armas legales es complementario a la lucha contra el tráfico ilegal. Cualquier flexibilización de los permisos de porte reabre el debate sobre cómo se articulan ambos frentes.
La decisión tendrá impacto directo sobre los ciudadanos que tramitan permisos, los deportistas de tiro, los coleccionistas registrados y los miembros de empresas de vigilancia. También afecta a las gobernaciones y alcaldías, que intervienen en los procesos de verificación y autorización.
Organizaciones de la sociedad civil y expertos en seguridad han pedido en otras ocasiones mayor rigurosidad en los criterios para otorgar portes, señalando la necesidad de estudios de riesgo y seguimiento posterior a la entrega del permiso. Con el nuevo decreto, esos criterios quedan sujetos a lo que establezca la reglamentación.
El cambio normativo se suma a otras decisiones del Gobierno en materia de orden público y seguridad ciudadana. Queda pendiente conocer los actos administrativos complementarios y la posición de las entidades territoriales frente a la aplicación de las nuevas reglas en sus jurisdicciones.