El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella cambió las reglas que rigen la inversión de los ahorros pensionales en el exterior. Hasta ahora, los fondos de pensiones podían destinar como máximo el 30 % de sus portafolios a activos internacionales, un tope conocido como límite global. Con la nueva decisión, ese techo desaparece, según informó Colombia.com.
La medida frena un proceso de repatriación de capitales que estaba en marcha. Colombia.com reporta que más de 100 billones de pesos estaban en camino de regresar al país, lo que equivale a varios puntos del Producto Interno Bruto. Ese dinero había sido girado al exterior en años anteriores en busca de mayor diversificación y rentabilidad.
Los fondos privados de pensiones, conocidos como AFP, son los principales administradores de estos recursos. Reciben al mes un porcentaje del sueldo de los trabajadores formales y lo colocan en distintos portafolios según lo define la regulación. Cuando los administradores traen esos pesos de vuelta al país, los mercados locales reciben liquidez y los títulos de deuda pública pueden encontrar demanda adicional.
El sector pensional colombiano ha pasado por varias reformas regulatorias en las últimas décadas. Una de las discusiones recurrentes gira en torno a si conviene mantener buena parte de los ahorros en el exterior para reducir el riesgo local o repatriarlos para dinamizar el mercado de capitales interno. El Congreso y el Ministerio de Hacienda suelen ser escenario de esos debates.
Para los trabajadores afiliados, el cambio tiene efectos indirectos. Si los rendimientos en el exterior son mayores, los fondos podrían mejorar la rentabilidad del ahorro individual, pero el país pierde inversión foránea en su balance cambiario. En la otra orilla, repatriar esos recursos fortalece el peso y el mercado local de deuda, pero expone más a los ahorros a la economía nacional.
La decisión también se da en un contexto internacional de tasas de interés y flujos de capital volátiles. Muchos fondos latinoamericanos han repatriado recursos en los últimos años atraídos por tasas locales altas. Eliminar el tope podría interpretarse como una señal de confianza en el mercado interno o como una forma de garantizar ahorro en moneda dura ante coyunturas externas.
Según la fuente, el gobierno no ha detallado aún los decretos específicos ni la fecha exacta de entrada en vigencia de la nueva regla. Tampoco se conocieron reacciones formales de las administradoras de fondos ni de los gremios financieros. El ajuste regulatorio se produce mientras el Ejecutivo defiende su programa económico ante el Congreso y los organismos internacionales.
Quedan pendientes varios anuncios. Entre ellos, los argumentos técnicos del gobierno para suprimir el límite, los mecanismos de control que se aplicarán a las inversiones en el exterior y la forma en que se evaluará el impacto sobre la rentabilidad de los fondos y sobre el mercado cambiario colombiano en los próximos meses.