El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció el cierre de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la entidad del Estado encargada durante las últimas décadas de coordinar la política de paz con grupos armados y organizaciones sociales. La medida se conoce como el primer recorte de su gobierno, según publicó EL PAÍS.
Junto con esa oficina, la decisión alcanza a tres dependencias adicionales que fueron creadas para acompañar la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con la entonces guerrilla de las FARC. Esas entidades se sumaron a la institucionalidad existente para gestionar puntos sensibles del Acuerdo, como la reincorporación de excombatientes, la satisfacción de víctimas y la presencia territorial en zonas afectadas por el conflicto.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz es una dependencia de la Presidencia de la República. Históricamente ha sido el puente entre el Gobierno nacional y los distintos actores del conflicto armado, incluidas guerrillas, paramilitares y estructuras criminales en proceso de negociación. Su eliminación implica que esas funciones deberán ser reasignadas o absorbidas por otra entidad del orden nacional.
El Acuerdo de Paz de 2016 puso en marcha un andamiaje institucional amplio. Contempló la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y entidades como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Varias de las dependencias mencionadas en el anuncio están directamente ligadas a ese proceso, por lo que su cierre podría tener efectos sobre la continuidad de los compromisos adquiridos.
Para las víctimas del conflicto, la noticia abre interrogantes sobre quién asumirá el seguimiento de los puntos del Acuerdo que aún están en marcha, en especial los relacionados con la reincorporación económica y social de los excombatientes y los programas de desarrollo territorial en regiones históricamente golpeadas por la violencia. Organizaciones de derechos humanos suelen advertir que los recortes en esta materia pueden afectar a poblaciones vulnerables.
La medida se produce en un contexto de debate nacional sobre el tamaño del Estado y la eficiencia del gasto público, un tema que ha sido recurrente en la campaña y en las primeras declaraciones del gobierno electo. El cierre de entidades vinculadas a la paz se suma a la discusión más amplia sobre cómo se reorganizará la institucionalidad durante el nuevo período presidencial.
Por ahora, el gobierno electo no ha detallado el cronograma del cierre, el destino del personal vinculado a esas dependencias ni el mecanismo legal mediante el cual se suprimirán. Tampoco se conoce si las funciones serán trasladadas a ministerios existentes, a una nueva entidad o si simplemente dejarán de ejercerse desde el nivel central.
Queda por verse cómo reaccionarán los organismos de control, las organizaciones internacionales que acompañan la implementación del Acuerdo y los partidos políticos que hacen parte de la coalición de gobierno. La decisión, una vez se concrete mediante los actos administrativos correspondientes, será uno de los primeros indicadores del rumbo que tomará la política de paz durante la administración de De la Espriella.