El equipo del presidente electo Abelardo de la Espriella confirmó que Colombia desistirá de la demanda por genocidio que se había presentado contra Israel ante tribunales internacionales. La decisión marca un giro en la postura que el país había adoptado en ese litigio y abre un nuevo capítulo en la relación bilateral con el Estado israelí.
En materia de seguridad interna, el mismo equipo anunció que pedirá mecanismos de vigilancia sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad estatal encargada de salvaguardar la vida de personas en riesgo por su actividad política, periodística, sindical o de derechos humanos. La solicitud se enmarca en la preocupación recurrente por la efectividad de los esquemas de protección en el país.
La UNP ha atravesado múltiples cuestionamientos en los últimos años por presuntas fallas en la asignación de esquemas, demoras en estudios de nivel de riesgo y denuncias de corrupción interna. También ha enfrentado debates sobre su capacidad operativa para atender la creciente demanda de protegidos, en un contexto donde líderes sociales y excombatientes firmantes de acuerdos siguen siendo blanco de atentados.
Sobre el plano internacional, el desistimiento de la demanda contra Israel se conoce en un momento en que la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales venían tramitando casos presentados por distintos Estados en relación con el conflicto en la Franja de Gaza. Varios países de América Latina habían apoyado acciones legales bajo la Convención sobre Genocidio, por lo que un cambio de rumbo en Colombia tendrá repercusiones diplomáticas.
Para los analistas consultados en pasadas coyunturas, estas decisiones tempranas del equipo de transición suelen sentar el tono del relacionamiento internacional y la política de seguridad del gobierno entrante. Los anuncios se producen en medio de reuniones de empalme con ministerios como Relaciones Exteriores y Defensa, aunque el reporte no precisa el nivel de avance de esos encuentros.
La anunciada veeduría sobre la UNP podría traducirse en auditorías externas, revisión de contratos con esquemas de protección y ajustes en los protocolos de evaluación de riesgo. Defensores de derechos humanos suelen insistir en que cualquier reforma debe garantizar que la protección no se politice y que llegue de manera efectiva a quienes enfrentan amenazas verificables.
Ambos movimientos, el internacional y el de seguridad interna, quedaron comunicados por voceros del equipo de De la Espriella. Falta conocer los canales formales que se usarán: si la solicitud de vigilancia se elevará ante la Contraloría, la Procuraduría o la Defensoría, y si el desistimiento de la demanda se materializará ante el mismo tribunal donde se radicó.
En lo inmediato, las decisiones abren preguntas sobre la transición en la Cancillería y sobre el futuro de la cooperación en materia de seguridad entre Colombia e Israel, que incluye históricos acuerdos en agricultura, tecnología militar y formación de fuerzas de seguridad. Los equipos técnicos tendrán que precisar el alcance de cada anuncio en los próximos días.